Si cada cuatro años, con el cambio de gobierno, sobre todo si es el caso de que la oposición se hace con el control de la dirigencia del país, se inicia una persecución sin sentido ni bases legales en contra de los funcionarios del gobierno anterior y sobre todo de quienes siguen con vigencia dado que el período para el cual fueron electos no ha caducado, el país está expuesto a una intensificación de las fracturas entre las fuerzas políticas preponderantes y con respaldo popular y entre las fuerzas económicas, sin contar los crecientes rencores entre militantes de los diferentes partidos: unos en pleno revanchismo y los otros defendiéndose como gatos panza arriba. De esta suerte, las propagandas electorales son una ficción tras el acto de toma de posesión.
Las propuestas de la reconciliación nacional, de entendimiento para enfrentar juntos el lastre de atraso que arrastra Honduras, la necesidad de que nos hermanemos en torno a la Constitución y las leyes, entendidas y aplicadas en su estricto e invariable contenido, pasan de inmediato al olvido.
En el centro de este ciclón están cuatro funcionarios electos legalmente, de acuerdo con la Constitución y las leyes, durante el régimen anterior. Los ciudadanos Johel Zelaya, fiscal general; Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral; Rebeca Lizeth Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral. Se prepara un juicio político en contra de ellos para poner en esos puestos militantes del partido gobernante.
Los impulsores ahora están arropados en una organización llamada Plataforma Defensores de Honduras por la Democracia, que son los mismos que formaban los camisas blancas que propiciaron el golpe de Estado de 2009, los mismos que violaron la Constitución cuando destituyeron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, violación por la cual el Estado de Honduras fue condenado por un organismo supranacional; los mismos que violaron la Constitución cuando impulsaron y legalizaron fraudulentamente la reelección inconstitucional de Juan Orlando Hernández; los mismos que no exigieron un juicio político contra el presidente ilegal Juan Orlando Hernández cuando Estados Unidos propalaba que estaba ligado al narcotráfico, los mismos que orquestaron los fraudes electorales que elevaron a la presidencia a Juan Orlando Hernández en dos ocasiones.
Estos defensores de la democracia en Honduras exhortan al Congreso al revanchismo político, invitándolo a llevar adelante el juicio político en contra de los funcionarios que detallé arriba con el pretexto, no demostrado con pruebas, de que “con sus acciones u omisiones vulneraron el ordenamiento jurídico, entorpecieron los procesos electorales y colaboraron de forma directa o indirecta con el intento fallido de la administración anterior de perpetuarse en el poder más allá del período legalmente establecido”.
Y porque insisto no hay nada demostrado. Ahora, estos señores están en el poder y pueden hacer que la falsedad se convierta en verdad. Pero lo cierto es que las acusaciones de fraude electoral no se han dilucidado adecuadamente. Ahí tenemos un diputado que no estaba en ninguna lista electoral, un candidato a alcalde que pugna por el reconteo, una mujer que asegura que le birlaron su diputación, un candidato presidencial que pide reconteo, una intervención abusiva por parte de un presidente extranjero a cambio de ayuda que no llega, una negativa insensata al recuento de los votos para saber la auténtica verdad.
Porque mientras estas dudas no sean resueltas adecuadamente conforme a lo que manda la ley habrá un gran sector de la comunidad nacional con insatisfacción, que, aunada a los yerros, que es normal que cometa todo Gobierno, aumentará el clima de desasosiego nacional, conducente nuevamente a la confrontación innecesaria. La ley debe ser pareja y no aplicable a unos, mientras otros la eluden. Un antiguo embajador norteamericano caracterizó la legalidad hondureña cuando dijo que solo mordía a los descalzos.
Indudablemente, Libre cometió el error de no llevar a los tribunales a responsables de la violación de la Constitución durante los gobiernos de Pepe y Hernández.
Ahora que se quiere sancionar a los cuatro funcionarios nombrados en el gobierno de Libre, es lógico que se les aplique la ley si se les encuentra verdaderamente culpables, lo repito: que se les encuentre verdaderamente culpables, porque la versión de Marlon Ochoa sobre los acontecimientos electorales es totalmente diferente a la que defiende el oficialismo, y porque si les aplica la ley a unos, es la gran oportunidad para aplicárselas a todos los que en el pasado también pisotearon la Constitución y las leyes a su antojo. Lo contrario es convertir a la Constitución en papel mojado, y la acción gubernamental en revanchismo político para copar esas posiciones que con justicia ostenta el partido Libre.
