No se puede negar que existen historias de éxito asociadas al microcrédito. Pequeños talleres, ventas ambulantes o iniciativas familiares que lograron crecer gracias a un préstamo oportuno suelen citarse como ejemplos inspiradores. Sin embargo, estas experiencias positivas tienden a ser la excepción y no la regla. La mayoría de los prestatarios enfrenta enormes dificultades para traducir el crédito en un negocio sostenible, ya sea por la falta de mercados, la competencia desleal o la ausencia de capacitación.
En este sentido, el microcrédito puede aliviar necesidades inmediatas, pero pocas veces se traduce en una mejora estructural de la situación de pobreza. Para los adelantos salariales de los jornaleros existen generalmente mecanismos informales, muchas veces corruptos, donde se utiliza el poder de allegados a la empresa para mantener, bajo la figura de cooperativas u otras formas de adelanto salarial, los mismos esquemas con intereses bastante considerables.
No es extraño ver casos en los que se le adelanta a un trabajador un monto contra su pago mensual o quincenal, incluso con un 20 % de interés. Este problema se puede resolver con un sistema de cooperativa interna o, como mínimo, con un sistema de adelantos salariales por montos inferiores a un salario mensual, garantizados como un adelanto de las prestaciones laborales. Generalmente, aunque un empleado abandone el trabajo, los montos que debe recibir por concepto de beneficios —aun por décimo tercer y décimo cuarto mes acumulados, vacaciones u otros— siempre excederán un monto mensual de salario. Tanto en el mercado informal como en el ámbito laboral formal, las personas pobres se ven forzadas a aceptar condiciones que cualquier sistema justo consideraría abusivas.
De ahí surge la urgencia de diseñar instituciones accesibles, transparentes y seguras que ofrezcan opciones de ahorro y crédito con reglas claras y tasas razonables. Cualquier intento de combatir la pobreza desde el microcrédito corre el riesgo de convertirse en otra herramienta que perpetúe la desigualdad en lugar de reducirla. Las empresas, las instituciones, el Estado y la banca deben tomar en cuenta este problema para ir mejorando gradualmente las condiciones de acceso al crédito y al ahorro para todos.
