Como siempre, el gobierno de Xiomara Castro fue el último en enterarse de que había perdido la lucha en contra de la extorsión. El conocimiento es parcial porque en realidad, más que esto, ha perdido la lucha contra de las pandillas que controlan grandes partes de las principales ciudades; cometen delitos e imponen su ley, al extremo que la Policía no se atreve a ingresar, porque los líderes de las pandillas ofrecen mejores servicios de seguridad que los policías pagados por los contribuyentes. El problema no es de ahora. Viene desde hace muchos años, acelerado por la debilidad de los líderes gubernamentales, la mala calidad de los servicios y el desplome de la economía. La culpa de la administración Castro es haber confiado demasiado en la Policía, sin evaluación y control; y sin que su aparato de información le diera datos precisos de la situación. Sabillón y Sánchez han pasado estos diez meses al frente del sistema de seguridad, peleando territorio. Pero no con las pandillas, sino con los militares. Por ello, tienen ahora el control de los presidios; hicieron a un lado a la Policía Militar de Orden Público; dominan los mecanismos de reinserción social de los jóvenes delincuentes; y, están, peleando porque el 911 pase a su control. Es decir que descuidaron las tareas y no pudieron articular una alianza con la población, mediante la entrega de servicios confiables. Maquillaron las cifras. Y nos han hecho creer que han bajado los homicidios, los raptos, la extorsión y el terrorismo de las pandillas. Incluso, con el espectáculo de la colonia Villanueva en Tegucigalpa no tuvieron el coraje para enfrentar a los delincuentes; y más bien ayudaron a los pobres que huían como si fueran oenegé especializada en caridad y fraternidad cristiana.

Pero, aunque tarde, está bien la reacción.

El plan, elaborado por los que no han tenido éxito, no ofrece confianza. Incluso, lo más estridente, la suspensión de garantías focalizadas, es poco práctico y más bien, fuente de preocupaciones, porque puede servir para cometer delitos, violar los derechos humanos de los inocentes y servir de mecanismo para que la Policía construya su propio sistema de corrupción.

Porque realmente, el plan no tiene control. En ningún momento –y menos ahora– se le puede entregar un cheque en blanco a una Policía que no nos ha convencido que se ha renovado. Más bien, en la medida en que ha reintegrado masivamente a los policías depurados, nos provoca sospechas de la limpieza de sus filas. Y las fotografías de los policías cobrando “coimas” a los pobres inmigrantes nos confirma que el problema de la Policía es la falta de la supervisión jerárquica inmediata. Y sus mecanismos formativos. Y lo peor, le ha servido a Sabillón y a Sánchez para seguir convenciéndonos que los enemigos, además de los mareros y los extorsionadores, son los militares. A los que en el plan los arrinconan a servicios marginales para evitar que se siga confirmando que los militares son más competentes y confiables que toda la institución policial.

Finalmente, hay la “tentación Bukele”. El gobierno puede usar la acción policial para crear una fuerza política que elimine opositores, destruya a la sociedad civil y prepare cuadros criminales para ganar las próximas elecciones. Frente a este peligro, necesitamos un mecanismo de control del plan policial, que no esté en manos de sus ejecutores y menos en los de ministerios, por más inocentes que luzcan. Tenemos que asegurar con este control interno y externo que las fuerzas de seguridad puedan caer en manos de objetivos igualmente delincuenciales, favorables al gobierno. Hay que controlar a los políticos también.

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