Hemos probado en múltiples y repetidas formas el financiamiento de parte del Estado para actividades privadas directa o indirectamente.
Esto ha incluido tanto a una banca estatal que presta directamente (Banadesa), como formas de avales o riesgos asumidos por el Estado (Conadi) u otras formas híbridas. Lo que todas estas soluciones han tenido en común es resultar en pérdidas grandes de recursos públicos y distorsiones en las operaciones.
Esto debe ser evidente a estas alturas. Cualquier empréstito avalado u otorgado por el Estado tiene, por su origen, un alto grado de riesgo de pérdida. El funcionario no tiene un interés financiero directo en el buen desempeño de los créditos (largo plazo), pero sí un beneficio visible propio de otorgar el financiamiento o crear el programa (corto plazo). Por tanto, los incentivos son de desembolsar la mayor cantidad de recursos posibles minimizando la importancia del riesgo futuro.
A esto debemos sumar el efecto de la venalidad y parcialismo.
La posibilidad de obtener financiamiento que el mercado no otorgaría en iguales condiciones de intereses, garantías y riesgo, es un beneficio económico considerable para quien lo reciba. Transmitir una porción de este beneficio al responsable de otorgarlo es un paso sencillo desde allí.
El Estado puede participar en el proceso de financiamiento, siempre que se cumplan dos condiciones: el riesgo final debe ser asumido por otra entidad (principalmente un banco) y el proceso debe ser lo más sencillo y transparente posible.
El único mecanismo de financiamiento público moderadamente exitoso (aunque también viciado por lo expuesto en el último párrafo) ha sido Banhprovi cuando ha operado exclusivamente como Banco de “segundo piso” (que solo opera a través de terceros).
