Sin lugar a dudas, el tesoro de la Municipalidad de San Pedro Sula es para muchos un botín que los tienta a engrosar sus bolsillos particulares, como se evidencia en los casos recientes de corrupción que han trascendido al gran público, en los cuales los depredadores del fisco han logrado enriquecerse sin ningún rubor, y sin que se les castigue de conformidad a la ley.
El último caso que se ha conocido es el del profesional del derecho que llevó la representación judicial de la Municipalidad en el caso de Sulambiente, que ha motivado al alcalde Calidonio a afirmar que “se trata de un empleado municipal que devenga un salario, que hace un trabajo, que pierde el caso y hoy quiere hacerse millonario a costillas de los sampedranos”. Como vemos, se trata de un procurador que al momento de conferírsele la representación judicial en el caso apuntado, venía devengando un sueldo como abogado del municipio, adscrito a la Procuraduría Municipal, desempeñándose posteriormente como jefe de recuperación de la mora de la misma entidad y cuyo cargo abandonó, tal como Calidonio lo ha referido a la prensa. Es decir que antes y después de hacerse cargo de la defensa de los intereses de la municipalidad el expresado profesional mantenía una relación laboral con aquella entidad edilicia ejerciendo sus funciones a través de la Procuraduría Municipal, que ha sido creada, para salvaguardar los intereses municipales, por lo que es obvio que la labor de procuración por él realizada, no solo en el indicado proceso, sino que en todos aquellos que le fueron encomendados, bajo ningún motivo, mucho menos el legal, podría haber generado derechos en la percepción de honorarios profesionales, como el ahora reclamante exige, pues era pagado con los fondos municipales, a partir de cuyo momento era un servidor público, que a lo único que tiene derecho es al pago de costas personales, si así lo hubiere declarado el juzgado correspondiente.
De acuerdo al Arancel de los abogados, solamente los honorarios notariales son sujetos de pago aunque el interesado haya suscrito un contrato de trabajo con remuneración fija, como es el caso que nos ocupa, quedando consecuentemente comprendidos en este contrato los honorarios causados en las otras materias, como el caso de Sulambiente, cuya representación judicial ostentaba el reclamante, quien ahora ignorando dicha circunstancia exige el pago de más de 20 millones de lempiras por supuestos honorarios, a pesar de haber devengado para ello, como el alcalde de la ciudad lo ha remarcado, un sueldo de 30 mil lempiras al mes por tales funciones, sin haber logrado enervar la demanda en cuestión, pues se condenó a la municipalidad sampedrana a pagar 6 millones de dólares, y ahora su “defensor” quiere en adición 20 millones de lempiras a título de honorarios a lo que no tiene ningún derecho.
