Por: César Rodríguez-Garavito y Robert Macfarlane/The New York Times
En lo alto de los Andes ecuatorianos se encuentra un bosque nuboso conocido como Los Cedros, que alberga cientos de criaturas extraordinarias en peligro de extinción —entre ellas el ratón de abazones, la orquídea Drácula, la rana de cristal y el colibrí solángel turmalina. Numerosos ríos de aguas cristalinas nacen en esta región envuelta en niebla, cuyos caudales se nutren del proceso de condensación y escorrentía llamado gota de niebla continua.
Hace cuatro años, Los Cedros fue casi destruido por proyectos mineros de oro y cobre. Pero en noviembre del 2021, ocurrió algo extraordinario —algo que sólo podría haber ocurrido en Ecuador. La Corte Constitucional del País emitió una sentencia histórica que reconoció a Los Cedros como persona jurídica y entidad con derechos —y dictaminó que los proyectos mineros propuestos violarían esos derechos. La sentencia de la Corte fue filosóficamente radical y legalmente contundente. Se exigió a las compañías mineras que repararan los daños causados y luego abandonaran la zona. Se marcharon en 10 días.
Esta decisión pionera es sólo una de las maneras en que Ecuador ha desempeñado un papel fundamental en la política global de la naturaleza. Durante casi 20 años, ha sido pionero en la forma de imaginar y legislar la relación humana con otras formas de vida en la Tierra.
Ahora, ese progreso ecológico se ve amenazado por Daniel Noboa, el joven Presidente populista de Ecuador. Noboa, heredero de un imperio agroindustrial, llegó al poder con la promesa de combatir el crimen organizado. Sus reformas abrirán impresionantes paisajes a la minería y la perforación, desmantelarán agencias en nombre de la “eficiencia” y perseguirán a funcionarios y grupos cívicos que él afirma obstaculizan su agenda. Estas medidas constituyen el ataque más grave a la protección ambiental y la integridad constitucional en la historia reciente de Ecuador. Llegan en un momento crítico para un País donde las tasas de homicidios se sextuplicaron entre el 2020 y 2023, y donde la violencia contra los activistas ambientales está en aumento.
La primera y más audaz medida de Noboa fue disolver el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica el 24 de julio y ceder sus competencias al Ministerio de Energía y Minas. Esto deja a Ecuador sin una institución independiente para proteger sus ecosistemas.
Cinco días después, su Gobierno presentó un proyecto de ley de emergencia que le permitiría monitorear e incluso clausurar a organizaciones de la sociedad civil por “cualquier actividad que atente contra los derechos fundamentales de las personas, el orden público o la seguridad del Estado”. Estas amplias facultades evocan las regulaciones, ahora obsoletas, que el ex Presidente Rafael Correa utilizó para perseguir y disolver a las organizaciones ambientalistas hace una década. Aunque el Gobierno afirma que la ley tiene como objetivo combatir la actividad criminal, no ha ocultado que también tiene como blanco a las organizaciones ambientalistas que critican sus políticas económicas.
La tercera medida de Noboa consistió en una ley sobre áreas ecológicas protegidas, que abre la puerta a la privatización de parques y reservas nacionales y despoja a las comunidades locales de las facultades para administrarlas.
Dado que muchas de estas medidas son claramente inconstitucionales, la Corte Constitucional podría anular o forzar cambios a partes de este desastroso paquete. Pero el Gobierno de Noboa ya ha propuesto un referéndum para cambiar la Constitución y hacer que los jueces disidentes sean más susceptibles a juicio político. El 12 de agosto, después de que la Corte suspendió algunos de sus poderes de emergencia, Noboa encabezó una marcha en su contra. Sus partidarios desplegaron pancartas por las calles de la capital, Quito, con los nombres y fotografías de los jueces bajo el lema “Estos son los jueces que nos están robando la paz”.
El mundo se ha beneficiado de la imaginación moral de Ecuador. Su reconocimiento de los derechos de la naturaleza en el 2008 catalizó el movimiento global por los derechos de la naturaleza, que ha visto al Senado español reconocer los derechos de la laguna del Mar Menor. El archipiélago ecuatoriano de las Galápagos fue la primera biorregión en ser reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Ha llegado el momento para que el mundo corresponda al visionario liderazgo ambiental de Ecuador. Activistas, expertos legales y naciones indígenas que continúan defendiendo la tierra, el agua y la vida allí trabajan en condiciones que se deterioran rápidamente. Si no se les ofrece apoyo para resistir los peores excesos de las reformas propuestas por Noboa, el costo para la vida en la Tierra —desde los colibríes hasta los humanos— será enorme.
César Rodríguez-Garavito es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de NY. Robert Macfarlane es poeta, escritor y profesor de inglés en la Universidad de Cambridge. Comentarios aintelligence@nytimes.com.
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