Managua.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presionado por la comunidad internacional que le demanda cambios democráticos, sufrió ayer un nuevo golpe cuando el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó la Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como “Nica Act”.
Se trata de una legislación bipartidista que obligará a EEUU a vetar las solicitudes de préstamo que haga el gobierno de Ortega en los organismos multilaterales, confirmó la oficina de la congresista Ileana Ros-Lehtinen.
Según sus promotores, su aplicación podría evitarse a menos que Ortega adopte los pasos efectivos establecidos en la Ley: El compromiso de celebrar elecciones anticipadas, que cumplan con los estándares democráticos y permitan una observación electoral internacional creíble; también pone como necesario el cese de la violencia perpetrada contra civiles por la Policía y por grupos armados —paramilitares—, así como la realización de investigaciones independientes sobre los asesinatos a manifestantes antigubernamentales y que los responsables sean juzgados. Pero ninguna acción parece afectar al gobernante, que endureció su posición con la expulsión de dos misiones de derechos humanos, mientras arremete contra sociedad civil y la prensa independente, según analistas.
Dos misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) fueron expulsadas acusadas de injerencistas, cuando aún no cesaba una ola de condenas internacionales por el cierre de organizaciones civiles, de derechos humanos y medios de prensa. Son “actos desesperados” de Ortega y un intento por “demostrar que está fuerte y que las presiones externas no le causan mella”, dijo José Pallais, que fungió como canciller durante el gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007).
La expulsión de las misiones de la Cidh y la negativa a realizar cambios democráticos “son una ruptura con todo el sistema internacional de defensa y supervisión de derechos humanos. Ortega no quiere continuar bajo el escrutinio”, indicó Pallais.
Tras la salida ayer de los representantes del mecanismo Especial de Segumiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Experto para Investigación (Giei), “los nicaragüenses quedamos en un estado de indefensión total”, estimó Marcos Carmona, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (Cpdh), una de las pocas organizaciones que sigue funcional tras el cierre del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presionado por la comunidad internacional que le demanda cambios democráticos, sufrió ayer un nuevo golpe cuando el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó la Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como “Nica Act”.
Se trata de una legislación bipartidista que obligará a EEUU a vetar las solicitudes de préstamo que haga el gobierno de Ortega en los organismos multilaterales, confirmó la oficina de la congresista Ileana Ros-Lehtinen.
Según sus promotores, su aplicación podría evitarse a menos que Ortega adopte los pasos efectivos establecidos en la Ley: El compromiso de celebrar elecciones anticipadas, que cumplan con los estándares democráticos y permitan una observación electoral internacional creíble; también pone como necesario el cese de la violencia perpetrada contra civiles por la Policía y por grupos armados —paramilitares—, así como la realización de investigaciones independientes sobre los asesinatos a manifestantes antigubernamentales y que los responsables sean juzgados. Pero ninguna acción parece afectar al gobernante, que endureció su posición con la expulsión de dos misiones de derechos humanos, mientras arremete contra sociedad civil y la prensa independente, según analistas.
| También salieron Amerigo Incalcaterra y Sofía Macher, del Grupo Interdisciplinario de Expertos para Investigación.
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La expulsión de las misiones de la Cidh y la negativa a realizar cambios democráticos “son una ruptura con todo el sistema internacional de defensa y supervisión de derechos humanos. Ortega no quiere continuar bajo el escrutinio”, indicó Pallais.
Tras la salida ayer de los representantes del mecanismo Especial de Segumiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Experto para Investigación (Giei), “los nicaragüenses quedamos en un estado de indefensión total”, estimó Marcos Carmona, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (Cpdh), una de las pocas organizaciones que sigue funcional tras el cierre del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
