Los miembros del Caucus Hispano del Congreso de EUA consideraron hoy 'equivocado' que el Gobierno del presidente Donald Trump señale a las entidades locales de las ciudades 'santuario', que se niegan a colaborar para impulsar la deportación de inmigrantes indocumentados.
La congresista Michelle Lujan-Grisham, presidenta del Caucus Hispano, reaccionó hoy a la publicación por parte del Gobierno de una lista de los inmigrantes acusados o condenados por diferentes delitos y de las entidades locales que no colaboraron con las órdenes de detención.
La lista publicada el lunes, y en la que figuran 26 indocumentados de origen hondureño, forma parte de una orden ejecutiva firmada por Trump el 25 de enero, cuyos informes se publicarán de manera semanal.
![]() 26 hondureños figuran en la primera lista de criminales inmigrantes divulgada por el Gobierno de Trump.
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'Es equivocado que el Gobierno de Trump quiera obligar a las agencias policiales locales a hacer el trabajo de los funcionarios federales de inmigración. Los alcaldes y jefes de Policía, que no son políticos en Washington, deben decidir cómo las agencias locales de aplicación de la ley dan prioridad a sus recursos limitados', aseguró Lujan-Grisham.
Los legisladores hispanos consideraron además que los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) están emitiendo órdenes de detención contra inmigrantes por infracciones de tráfico 'tan inocuas' como luces rotas o exceso de velocidad.
Las órdenes de detención emitidas contra los inmigrantes con cargos criminales para ser deportados obligan a las Policías locales a notificar lo antes posible a las autoridades migratorias para que sus agentes puedan interrogar al acusado y ponerlo bajo su custodia para iniciar los procesos de deportación.
Específicamente, el Gobierno señaló a diez condados, entre los que destaca los de Clark (Nevada), Nassau (Nueva York) y Cook (Illinois).
Trump quiere acabar con las llamadas 'ciudades santuario', entre las que se encuentran grandes urbes como Los Ángeles y Nueva York, y ha amenazado con arrebatar fondos federales a las entidades locales que se nieguen a colaborar con las autoridades migratorias para deportar a los inmigrantes acusados o condenados por crímenes. EFE