La cadena estadounidense Starbucks y la plataforma de alquiler Airbnb alojarán gratuitamente y ofrecerán trabajo a los afectados por el decreto del presidente Donald Trump contra refugiados y ciudadanos de siete países mayoritariamente musulmanes, que consideran 'contrario al sueño americano'.
Starbucks planea contratar en los próximos cinco años a 10.000 refugiados en los 75 países en los que tiene presencia, según se comprometió su presidente Howard Schultz.
Por su lado Airbnb anunció que alojará de forma gratuita a los afectados por el decreto de la administración Trump.
Starbucks anunció que empleará a quienes huyen de las guerras, de persecuciones y de discriminaciones en los países donde está presente el grupo.
En Estados Unidos, Starbucks comenzará por contratar a refugiados que han trabajado para el ejército estadounidense, por ejemplo como intérpretes.
![]() Miles de estadounidenses protestan contra el veto a musulmanes impuesto por Trump.
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Schultz, cercano al partido Demócrata, indicó que Starbucks está en contacto con los empleados afectados por el decreto presidencial que establece severas restricciones al ingreso a territorio estadounidense y 'verificaciones extremas' contra ciudadanos de Siria, Libia, Sudán, Irán, Irak, Somalia y Yemen.
'Les escribo hoy con una profunda preocupación, el corazón encogido y una decidida promesa', dice el presidente de Starbucks en un correo dirigido a sus empleados y que fue subido a internet.
'Vivimos tiempos sin precedentes, en los que somos testigos de que la consciencia de nuestro país y la promesa del sueño americano se ha puesto en duda', agregó Schultz, quien afirma que la cadena de cafés quiere servir a sus clientes igualmente 'en un país cristiano o un país musulmán'.
'Construir puentes y no muros con México', declaró, en referencia la barrera que Trump quiere erigir en la frontera con México. Starbucks es propietario de 600 cafés y emplea a 7.000 personas en México donde, dijo, seguirá invirtiendo.
Por su lado Lyft, servicio de reserva de autos sin chófer --uno de cuyos accionistas es General Motors-- prometió dar un millón de dólares a la organización de defensa de derechos cívicos American Civil Liberties Union (ACLU), que ha atacado ante la justicia estas restricciones a la inmigración.