El traspaso de poderes de Fidel Castro a su hermano Raúl, en julio de 2006, desató en Cuba una esperanza de cambio, alentada por el propio régimen.
Tres años después, la realidad no puede ser más sombría: el aparato de represión castrista no sólo no ha sido desarticulado, sino que funciona a todo vapor. Así lo ha constatado Human Rights Watch, HRW, que ayer presentó un amplio informe sobre la situación de los derechos humanos en la isla.
Al menos 40 disidentes han sido encarcelados en esta etapa, en la que los arrestos arbitrarios, las farsas judiciales y los malos tratos siguen a la orden del día.
La organización exige una “presión efectiva” para forzar la liberación de los presos políticos y critica la estrategia de acercamiento al régimen cubano impulsada por el Gobierno de España.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, es contundente: “Durante estos tres años en el poder, Raúl Castro ha sido tan brutal como su hermano”.
Las 123 páginas del informe, titulado “Un nuevo Castro, la misma Cuba”, dan cuenta de un patrón sistemático de abusos no solamente contra los opositores, sino contra cualquier cubano que pretenda ejercer los derechos más elementales. Para ello el régimen recurre a una batería de leyes y de figuras -desobediencia, insubordinación, desacato- que penalizan cualquier forma de disenso.
El Gobierno, constata HRW, siente especial predilección por la “más orwelliana” de estas medidas: la ley de peligrosidad, que permite, incluso, castigar a los ciudadanos antes de que hayan cometido un delito, por el mero hecho de que resultan sospechosos.
“Esta disposición es netamente política y define como peligrosa a cualquier conducta contraria a las normas socialistas”, señala el informe. Con semejante laxitud, la lista de víctimas es muy variada. Distribuir ejemplares de la Declaración Universal de Derechos Humanos le ha costado al habanero Jorge Barrera una condena de 10 años; Ramón Velásquez, que emprendió una caminata a favor de los derechos humanos, fue condenado a tres años de prisión.
No es necesario promover la apertura democrática en Cuba, como hacían Alexander Santos o Juan Luis Rodríguez Desdín, para dar con los huesos en la cárcel después de juicios sumarios: basta con estar desempleado -a los disidentes se les echa del trabajo y luego se les encarcela por no tener empleo)- o, simplemente, con buscarse algún ingreso al margen del Estado para intentar sobrevivir.
Human Rights Watch ha acreditado el encarcelamiento de al menos 40 personas por “peligrosidad”, pero asegura que hay muchos más que no ha podido documentar. En prisión siguen también 53 de los 75 disidentes -periodistas y activistas humanitarios- detenidos en la llamada Primavera Negra de 2003. Los presos de conciencia superan los 200. Entre los más recientes está el conocido médico Darsi Ferrer, detenido en julio.
El organismo destaca las “condiciones inhumanas” de las cárceles cubanas, marcadas por el hacinamiento, la insalubridad, la desnutrición y las enfermedades. Pero además, los presos políticos se enfrentan a malos tratos que “pueden alcanzar el nivel para ser considerados torturas”. Además de las palizas, son sistemáticas la reclusión en celdas de aislamiento, la prohibición de visitas familiares y la desatención deliberada de los problemas de salud.
En tres casos, por lo menos, los prisioneros políticos han sido encerrados en celdas ocupadas por enfermos de tuberculosis.
Ante este panorama, HRW pide a la comunidad internacional que ejerza “una presión efectiva” que, actualmente, brilla por su ausencia.
De entrada, recomienda a EUA que levante un embargo comercial que ha resultado “contraproducente” y se ha convertido en el mejor pretexto del régimen para reprimir a su población.
Para saber
El análisis se apoya en más de 60 entrevistas realizadas entre junio y julio pasado con diversos actores de la sociedad civil.
Cuba ha registrado logros 'significativos' en asuntos como la educación y la salud, según el informe de Human Rights Watch.
