Ankara, Turquía.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, cree que su país puede salirse de su compromiso contra la pena de muerte adquirido como miembro del Consejo de Europa y en su relación con la Unión Europea. “¿Hay hoy pena de muerte en Estados Unidos? ¿En Rusia? ¿En China? ¿La hay en varias regiones del mundo?. No existe en los países de la UE. Antes de nuestro gobierno, nosotros firmamos el compromiso de abolir la pena capital, pero las firmas pueden retirarse”, dijo.
“Dejemos que el Parlamento tome esta decisión”, añadió el jefe del Estado ante una multitud que se congregó delante de su residencia en Estambul.
“Turquía es un Estado democrático de derecho. En los Estados democráticos de derecho no es posible permanecer ciego ante las demandas de la gente ... Creo que el Parlamento tomará la decisión correcta sobre este tema”, comentó. El jefe del Estado aludió así a las voces que surgieron tras el fallido golpe de Estado del pasado viernes a favor de reintroducir la pena de muerte, abolida en 2002.
Erdogan aseguró que la población está pidiendo la ejecución de los “traidores” que intentaron derrocar al gobierno. “Este tema será discutido en el Parlamento, estos canallas nos bombardearon... Como persona con capacidad de aprobación, anuncio mi decisión de aprobarlo si el Parlamento así lo decide, lo aprobaré”, añadió tras preguntarse por qué había que mantener alimentados de por vida a los condenados a prisión.
Más purga
El régimen de Erdogan amplió ayer la operación destinada a acabar con la presunta influencia del opositor exiliado Fhetullah Gülen y se extendió a nuevos sectores, en particular a la educación. El Consejo de enseñanza superior (YÖK) demandó su renuncia a más de 1,500 decanos de universidades públicas y de las que están vinculadas a fundaciones privadas, según la agencia progubernamental Anadolu.
Según un conteo de la AFP, al menos 25,000 funcionarios, sobre todo policías y educadores, fueron suspendidos o destituidos, en el marco de la “caza” de gülenistas. Además, 9,322 militares, magistrados, policía son objeto de un procedimiento judicial, declaró el viceprimer ministro Numan Kurtulmus.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, cree que su país puede salirse de su compromiso contra la pena de muerte adquirido como miembro del Consejo de Europa y en su relación con la Unión Europea. “¿Hay hoy pena de muerte en Estados Unidos? ¿En Rusia? ¿En China? ¿La hay en varias regiones del mundo?. No existe en los países de la UE. Antes de nuestro gobierno, nosotros firmamos el compromiso de abolir la pena capital, pero las firmas pueden retirarse”, dijo.
“Dejemos que el Parlamento tome esta decisión”, añadió el jefe del Estado ante una multitud que se congregó delante de su residencia en Estambul.
“Turquía es un Estado democrático de derecho. En los Estados democráticos de derecho no es posible permanecer ciego ante las demandas de la gente ... Creo que el Parlamento tomará la decisión correcta sobre este tema”, comentó. El jefe del Estado aludió así a las voces que surgieron tras el fallido golpe de Estado del pasado viernes a favor de reintroducir la pena de muerte, abolida en 2002.
Erdogan aseguró que la población está pidiendo la ejecución de los “traidores” que intentaron derrocar al gobierno. “Este tema será discutido en el Parlamento, estos canallas nos bombardearon... Como persona con capacidad de aprobación, anuncio mi decisión de aprobarlo si el Parlamento así lo decide, lo aprobaré”, añadió tras preguntarse por qué había que mantener alimentados de por vida a los condenados a prisión.
 Las imágenes mostrando atrocidades contra los soldados golpistas desataron polémica en redes sociales.
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El régimen de Erdogan amplió ayer la operación destinada a acabar con la presunta influencia del opositor exiliado Fhetullah Gülen y se extendió a nuevos sectores, en particular a la educación. El Consejo de enseñanza superior (YÖK) demandó su renuncia a más de 1,500 decanos de universidades públicas y de las que están vinculadas a fundaciones privadas, según la agencia progubernamental Anadolu.
Según un conteo de la AFP, al menos 25,000 funcionarios, sobre todo policías y educadores, fueron suspendidos o destituidos, en el marco de la “caza” de gülenistas. Además, 9,322 militares, magistrados, policía son objeto de un procedimiento judicial, declaró el viceprimer ministro Numan Kurtulmus.
