Los periodistas enfrentaron en el último año una “creciente ola de agresiones” cada vez más violentas y sistemáticas, que incluyen ataques físicos, amenazas y abuso del poder judicial para silenciarlos, según denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe anual, pendiente de aprobación.
Muchas de estas agresiones provienen de actores estatales, indicó la SIP, aunque los periodistas también se enfrentan, entre otros, a extorsiones por parte de organizaciones delictivas.
El periodismo en Ecuador
Informes de diversas organizaciones no gubernamentales nombraron las amenazas y procesos judiciales como las herramientas de censura y control más frecuentes, además de destacar el papel del crimen organizado como uno de los principales atacantes de la libertad de expresión.
A pesar de que en marzo de este año el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se adhirió a las declaraciones de Chapultepec y Salta para proteger la libertad de expresión, el Consejo de Comunicación del país anunció que se rechazó el presupuesto de 784.000 dólares que se había solicitado para el Mecanismo de Protección para Periodistas.
Forzados al exilio
La SIP declaró que, debido a la falta de apoyo estatal y garantías de protección, algunos periodistas se han visto forzados a exiliarse.
La mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP) de Fundamedios reportó la reubicación de un periodista ecuatoriano, el cuarto este año, debido a que recibió amenazas de muerte por publicar contenido de interés local.
De igual manera, la SIP presentó el caso de la cubana Alondra Santiago, quien por hacer una parodia del himno nacional el Gobierno le retiró su visado y la forzó a salir del país.
También se mencionó el caso de Andersson Boscán y Mónica Velásquez, periodistas del medio digital ‘La Posta’, quienes tras convertirse en el blanco de una campaña de odio en redes sociales, salieron del país en septiembre para solicitar asilo en Canadá.
En su informe, la SIP mencionó varios de los casos en los que los periodistas se han visto intimidados en Ecuador, entre los que se encuentran el de Yutsu Maiche, agredido mientras cubría un conflicto en la Federación de indígenas Shuar, o el de Cristian Guzmán, amenazado por el gobernador de la provincia costera de Esmeraldas, luego de publicar un reportaje crítico.
Periodismo en Honduras
Asimismo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este viernes que el trabajo de los periodistas y el personal de los medios de comunicación, tradicionales y digitales, “es más complejo y riesgoso ante la intolerancia y la conducta hostil de diferentes funcionarios del Gobierno”.
En su informe, aún pendiente de aprobación, la SIP indicó que en este período un Mecanismo Nacional de Protección a periodistas y defensores “no ha logrado garantizar la justicia y la rendición de cuentas por los crímenes y las amenazas a la seguridad de periodistas, comunicadores sociales y defensores de los derechos humanos”.
”Mientras tanto, desde el poder muchas veces se realizan ataques a periodistas y medios que informan sobre la administración de la presidenta (hondureña), Xiomara Castro”, añade.
La SIP resaltó que el Mecanismo Nacional de Protección no funciona y que los periodistas se sienten obligados a autocensurarse para protegerse a sí mismos y a sus familias, mientras que otros han optado por huir del país.
El periodismo en Panamá
El enorme problema del periodismo en Panamá “sigue siendo” el acoso judicial a los medios de comunicación para “silenciar” las investigaciones de presunta corrupción, según un informe de la SIP, aún pendiente de aprobación.
“El mayor problema para la libertad de prensa sigue siendo el acoso judicial a través de demandas por difamación que presentan servidores públicos contra medios y periodistas para silenciar investigaciones por presunta corrupción”, destaca el documento, publicado en el marco de la 80 Asamblea de la SIP que se celebra en la ciudad de Córdoba, Argentina, entre el 17 al 20 de octubre.
Así, indica que esos “procesos permiten que, sin que haya sentencia, los jueces puedan demandar el secuestro de bienes a los demandados, a modo de garantía”.
La SIP pone su atención en un proyecto de ley presentado durante el Gobierno del presidente, José Raúl Mulino -que asumió el 1 de julio pasado-, para impedir que los bienes y activos de medios de comunicación y generadores de opinión puedan ser secuestrados judicialmente en procesos civiles por calumnia e injuria.
Este panorama se ve en otro países como Cuba y Guatemala y se resalta la urgente necesidad de proteger la libertad de expresión y garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo en cada región, ya que su debilitamiento pone en riesgo el acceso a la información y la democracia misma.
