La oposición marcha este sábado hacia el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, en respaldo a 33 magistrados juramentados por el Parlamento en su ofensiva contra el presidente Nicolás Maduro y su convocatoria a Asamblea Constituyente.
El Legislativo, controlado por la oposición, designó el viernes a un TSJ paralelo en una sesión pública celebrada en una plaza de la capital venezolana, alegando que los jueces de la corte suprema fueron designados ilegalmente por la anterior mayoría chavista en el parlamento y sirven al gobierno de Maduro.
'La Asamblea Nacional cumplió. Los nuevos magistrados se restearon. Ahora, todos a respaldar con la fuerza de la calle el nuevo TSJ', escribió este sábado Freddy Guevara, vicepresidente del Congreso, en Twitter.
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La Sala Constitucional del TSJ advirtió el viernes que la designación de nuevos jueces configura los delitos de 'usurpación de funciones' y 'traición a la patria', que se castigan con prisión.
Subrayó además que el Parlamento persiste en el 'desacato', por lo que la corte ha considerado 'nulas' todas sus decisiones desde que se instaló en enero de 2016.
Cada vez que la oposición ha intentado marchar hacia el centro de Caracas, los manifestantes son bloqueados por los cuerpos de seguridad. Este sábado, los alrededores del TSJ amanecieron militarizados.
La MUD se plantea frenar las elecciones de la Constituyente, el 30 de julio, que denuncia como 'un fraude' que busca convertir a Venezuela en 'otra Cuba'.
Entre jueves y viernes, la oposición realizó un paro de 24 horas para exigirle a Maduro que desista del proyecto, pero el mandatario ratificó que seguirá adelante y avisó que pondrá 'orden' tras cuatro meses de protestas que dejan 103 muertos entre violentos disturbios.
El paro, según la MUD, marcó la 'hora cero' de una escalada para bloquear la Constituyente, posterior a un plebiscito simbólico que realizó el pasado domingo contra la iniciativa del gobernante socialista, en el que -asegura- participaron 7,6 millones de venezolanos.
La oposición estima que la huelga fue acatada en 85%; pero Maduro y altos funcionarios gubernamentales la calificaron como un fracaso.