LA PAZ.
Tres personas murieron y otras 30 resultaron heridas ayer en un operativo policial-militar para despejar el acceso a una planta de combustibles bloqueada por partidarios del expresidente Evo Morales, un día antes de que la OEA discuta una resolución para que Bolivia llame con urgencia a elecciones.
“Se ha constatado la existencia de tres muertos, dos de ellos confirmados (por impacto) de bala”, incluido Dayvi Posto Cusi, un hombre de 31 años de edad, declaró un portavoz de la Defensoría del Pueblo, un órgano público encargado de proteger los derechos de los bolivianos.
“Estamos pidiendo a las autoridades una investigación”, añadió. Además, 30 personas resultaron heridas en la operación, indicó la Defensoría del Pueblo.
Los enfrentamientos se registraron durante un operativo de las fuerzas de seguridad para facilitar la salida de camiones cisterna para abastecer de combustible a la vecina ciudad de La Paz, según la Defensoría.
Los heridos fueron llevados a hospitales de El Alto y de La Paz, algunos de gravedad que “requieren de cirugía”, según la Defensoría, que alertó de que se necesitan “médicos y medicamentos con suma urgencia” para atenderlos en alguno de estos centros sanitarios.
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La entidad reclamó la desmovilización de las Fuerzas Armadas “a fin de evitar más muertes”, al entender que la situación en el país “requeriría sólo la intervención policial con fines disuasivos y de diálogo”.
La situación de Bolivia será analizada hoy por el Consejo Permanente de la OEA, que discutirá una propuesta de Colombia y Brasil para instar a Bolivia a llamar “urgentemente” a elecciones y adopte “prontamente” un calendario electoral que brinde todas las garantías democráticas.
La iniciativa instruye además a la Secretaría General de la OEA a otorgar a Bolivia todo el apoyo técnico “para que se dé inicio inmediato al proceso electoral, de conformidad con los principios de transparencia, independencia, credibilidad y confianza”.
Un decreto de Áñez, que exime a los militares de cargos penales si se generan víctimas en sus tareas de mantener el orden en el país, fue calificado de “grave” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ente autónomo de la OEA. Otro decreto de la presidenta interina destina 4,8 millones de dólares al equipamiento militar de las FFAA.
