Nicaragua se encuentra sumida en una profunda crisis institucional en la que se hundió un poco más esta semana debido a la pugna que mantienen el oficialismo y la oposición como consecuencia de un decreto aprobado en enero pasado por el presidente Daniel Ortega.
La Asamblea Legislativa se mantiene paralizada desde el pasado 24 de febrero y este año sólo ha aprobado una ley -para defender a los morosos de sus deudas con los bancos- debido a las marcadas diferencias entre los sandinistas y los liberales por el decreto que prorroga en el cargo a autoridades con mandatos que expiran este año.
La crisis alcanzó de lleno esta semana a la Corte Suprema de Justicia, donde magistrados sandinistas y liberales se desautorizan entre sí, se acusan mutuamente de “matones” y hasta se dan ultimátums para abandonar las oficinas de ese poder del Estado, que es tierra de nadie.
La crisis en la Corte Suprema, que la prensa local ha calificado como “circo”, llega ya a las estructuras menores del Poder Judicial, y trabajadores de juzgados y tribunales de Managua anunciaron marchas en favor de los magistrados sandinistas. “La verdad es que ya estamos en una situación de facto en este país”, dijo ayer a periodistas el ex magistrado Alejandro Serrano Caldera, tras destacar que en la Corte Suprema existe “una guerra de carácter político” entre sandinistas y opositores que “no debería existir en un órgano jurisdiccional y constitucional”.
Decreto
El presidente Ortega ratificó y prorrogó en sus cargos, en la víspera del inicio del actual período legislativo, a diez magistrados del Consejo Supremo Electoral, tres de la Corte Suprema, cinco fiscalizadores de cuentas y otros importantes cargos cuyo mandato finaliza este año, facultad que corresponde al Parlamento.
Ortega aprobó el decreto después de que la oposición llegara a un pacto en noviembre pasado para no ratificar ni renovar en la asamblea a las autoridades que concluían mandato “mientras no se escoja para esos cargos a personas capaces, honestas e imparciales, de acuerdo con los preceptos constitucionales”.
Los sandinistas no tienen mayoría en el Congreso para elegir o ratificar a esos funcionarios y recurrieron al decreto.
