Brasilia, Brasil.
Un juez brasileño suspendió ayer el nombramiento del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva como jefe de gabinete, alimentando las tensiones en un país paralizado por escándalos de corrupción que amenazan el mandato de Dilma Rousseff.
Lula había llegado a tomar posesión del cargo en una ceremonia con ambiente de mitin político en el que su sucesora denunció maniobras golpistas, en tanto que el Congreso se preparaba a instalar ayer mismo jueves una comisión que evaluará si le inicia un juicio de destitución a Rousseff, por presunta manipulación de las cuentas públicas.
“La gritería de los golpistas no me va a sacar del rumbo ni va a poner de rodillas a nuestro pueblo”, declaró la mandataria en el Palacio de Planalto, mientras en el exterior de la sede del gobierno la policía se interponía entre partidarios y adversarios del gobierno. “¡No habrá golpe! ¡No habrá golpe!”, coreaban los asistentes al acto adentro y fuera del edificio.
Lula, investigado en una causa por presunto ocultamiento de bienes en el megafraude de la estatal Petrobras, dejó el salón sin hacer declaraciones, en medio de una marea de custodios, asistentes, políticos y periodistas.
 Los brasileños que apoyan al Gobierno y a Lula salieron a las calles para denunciar intento de golpe.
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Acción judicial
Pero minutos después, un magistrado de la capital frenó la designación de Lula con una medida cautelar que busca evitar que consiga la protección de fueros privilegiados que otorga la condición de ministro y que lo sustraería a la justicia ordinaria, y en especial al juez Sergio Moro, que investiga el caso Petrobras y que devino en ícono de la lucha contra la corrupción en Brasil.
El juez Itagiba Catta Preta suspendió la toma de posesión del exmandatario brasileño al considerar que su designación obedecía al intento de protegerlo ante la justicia de investigaciones relacionadas con las redes de corrupción descubiertas en la estatal Petrobras.
La crisis que sacude al gobierno brasileño arreció el miércoles cuando Moro liberó el audio de una conversación interceptada entre Lula y Rousseff, en la que la mandataria le informó que le enviaba el decreto de su nombramiento para que pueda “usarlo en caso de necesidad”.
Investigadores estiman que la presidenta quería proteger a Lula de una eventual orden de prisión.
 Los opositores salieron molestos a protestar por el nombramiento.
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Reacción estatal
El gobierno brasileño apeló ayer mismo la decisión del juez de bloquear el nombramiento de Lula.
“No hubo desvío de poder ni un intento de obstruir a la justicia” en el nombramiento de Lula, indicó en un comunicado la Abogacía General de la Unión (AGU), que representa y defiende al Estado, contrariamente a lo que sostenía el juez que emitió el fallo preliminar.
La apelación fue introducida en la justicia del Distrito Federal, que no tiene plazo para pronunciarse.
