California, Estados Unidos. Un tribunal federal de California ordenó la liberación del salvadoreño David Eduardo Mejía Martínez, quien permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pese a que un juez de inmigración había ordenado su deportación a El Salvador el 7 de agosto, según documentos judiciales y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
David Mejía había sido detenido el 4 de noviembre de 2025 por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de Operaciones de Ejecución y Expulsión (ERO) de ICE durante una operación en Sherman Oaks, California.
El DHS lo señala como un miembro documentado de la organización criminal Mara Salvatrucha (MS-13) y asegura que tiene un antecedente de arresto por alteración del orden público relacionada con prostitución. Estas afirmaciones corresponden a la versión de la agencia y fueron difundidas después de que el tribunal ordenara su liberación.
El 9 de marzo de 2026, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California había emitido una orden de restricción temporal y una orden de no transferencia después de que Mejía Martínez presentara una petición de hábeas corpus para cuestionar su detención migratoria.
Posteriormente, el 30 de abril, un juez de inmigración del Departamento de Justicia rechazó su solicitud de libertad bajo fianza y, según el DHS, lo consideró un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad.
El 7 de agosto, ese mismo juez de inmigración negó las solicitudes de alivio migratorio presentadas por Mejía Martínez y ordenó su deportación a El Salvador, de acuerdo con la información divulgada por el DHS.
Sin embargo, el caso dio un giro el 8 de septiembre, cuando la jueza federal Serena R. Murillo concedió la petición de hábeas corpus presentada por Mejía Martínez y ordenó su liberación inmediata de la custodia. El fallo corresponde al proceso federal identificado como 5:26-cv-02778.
La orden judicial estableció que Mejía Martínez debía ser liberado junto con sus pertenencias personales. Los registros del caso indican además que las autoridades debían presentar un informe para confirmar el cumplimiento de la resolución.
ICE cumplió la orden y lo liberó al día siguiente, 9 de septiembre, después de más de 10 meses de permanecer detenido desde su arresto en Sherman Oaks, según reportes sobre el caso.
El DHS reaccionó públicamente a la decisión y cuestionó al tribunal de California. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, calificó a Mejía Martínez como un “peligroso delincuente” y afirmó que su liberación le permite regresar a las calles antes de ser deportado.
Mullin también sostuvo que la decisión representa un problema para la seguridad pública y cuestionó a los tribunales que, según su postura, anteponen las preocupaciones de los migrantes en situación irregular a la seguridad de los estadounidenses. Estas declaraciones corresponden al funcionario y no a una conclusión del tribunal.
El DHS también indicó que desconoce la fecha y el lugar exactos en que Mejía Martínez ingresó ilegalmente a Estados Unidos. La agencia sostuvo que el salvadoreño había sido identificado como miembro de la MS-13 y que tenía una orden de deportación vigente.
La decisión de la jueza federal se produjo en el marco de una disputa sobre la legalidad de la detención migratoria y el proceso mediante el cual se había determinado que Mejía Martínez debía permanecer bajo custodia. El fallo concedió el hábeas corpus y ordenó su liberación, pero no constituye por sí mismo una absolución penal.
Tras la liberación, la jueza Murillo estableció además medidas para evitar una nueva detención por parte de ICE sin que antes se realice una audiencia en la que se determine si existe una justificación legal para volver a detenerlo. El caso mantiene abiertas las diferencias entre la posición de las autoridades migratorias y la resolución emitida por el tribunal federal.
