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Piden quitarle inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó

  • 01 abril 2019 /

Tribunal Superior de Justicia emite petición porque el jefe del Parlamento violó en febrero la prohibición de salir del país “Me quieren ver preso”, dice.

    Caracas, Venezuela.

    El opositor Juan Guaidó podría ser sometido a la justicia ordinaria tras una nueva movida del oficialismo que busca despojarlo de su inmunidad parlamentaria.

    En momentos de caos por los apagones que paralizan el país desde inicios de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pidió ayer a la oficialista Asamblea Constituyente levantar la inmunidad a Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora.

    “Se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (Diosdado Cabello), a los fines del allanamiento de la inmunidad parlamentaria” de Guaidó, señaló la corte, acusada por la oposición de servir al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

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    El TSJ tomó la decisión al considerar que el diputado “quebrantó” una prohibición de salida del país que le fuera impuesta el pasado 29 de enero. Ese día, el tribunal le abrió una investigación a Guaidó por “usurpar” las funciones de Maduro, luego de que el 23 de enero de juramentara como presidente encargado tras la decisión del Parlamento de declarar “usurpador” a Maduro. Guaidó salió clandestinamente del país en febrero y retornó el 4 de marzo desde Colombia, a través del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.

    En ese tiempo realizó una gira por varios países de la región, tras fracasar, el 23 de febrero, en su intento para ingresar donaciones de EEUU en alimentos e insumos médicos gestionadas por él.

    “Esto es persecución, dictadura... no tengan duda de que me quieren ver preso, claro que lo quieren hacer”, dijo Guaidó.

    La medida allana el camino para un eventual juicio ordinario a Guaidó, sindicado además por Maduro de planear un atentado en su contra en asociación con su jefe de despacho, Roberto Marrero, detenido el 21 de marzo. Se suma, además, la inhabilitación que le impuso la Contraloría para ejercer cargos públicos durante 15 años.