Un informe que señala que la reforma migratoria en Estados Unidos costaría a los contribuyentes 6,3 billones de dólares 'no es correcto', afirmó hoy el senador republicano Marco Rubio, miembro del grupo de ocho legisladores que elaboró una iniciativa bipartidista que es debatida esta semana en el Congreso.
'No creo que el informe sea realmente válido. Tengo mucho respeto por Heritage, pero no creo que el informe sea legítimo', sostuvo el senador republicano por Florida en declaraciones a CNN.
El informe del centro de estudios Heritage Foundation, una organización de corriente conservadora, advierte de que la 'amnistía' a los más de once millones de indocumentados que legalizarían su situación en el país provocaría un elevado coste para las arcas públicas.
El estudio, similar a uno que emitió el mismo centro en el año 2007 y que ayudó a descarrilar entonces el proyecto de reforma migratoria que estaba en la mesa, asegura que los inmigrantes legalizados bajo el proyecto producirán unos gastos de 9,4 billones, mientras que solo devolverán en impuestos 3,1.
'En 2010, la familia inmigrante ilegal media recibió alrededor de 24.721 dólares en beneficios y servicios del Gobierno, mientras que pagó 10.334 dólares en impuestos. Esto generó un déficit presupuestario anual medio (beneficios recibidos menos los impuestos pagados) de alrededor de 14.387 dólares por familia', detalla el informe.
'Este costo tuvo que ser sufragado por los contribuyentes estadounidenses', insiste el informe, que considera que con la aprobación de la reforma migratoria el 'déficit fiscal de cada hogar se dispararía'.
'Está claro que cierto número de personas en Washington que podrían beneficiarse de la amnistía, así como algunos miembros del Congreso, no quieren tener en cuenta los costos', dijo el exsenador Jim DeMint, nuevo presidente de la fundación.
Si los indocumentados son legalizados bajo ese proyecto 'van a ser capaces de trabajar y pagar impuestos, de abrir negocios y, a su debido tiempo, de mejorar su situación financiera y contribuir al bienestar del país', defendió Rubio.
'Por eso estoy en total desacuerdo con ese informe', agregó el influyente senador. El proyecto de ley bipartidista tiene el aval del presidente Barack Obama y estipula un plazo de 10 años para la legalización de los indocumentados, dedica 3.000 millones de dólares a la seguridad fronteriza y sanciona a empresas que contraten a sabiendas a personas 'sin papeles', entre otros aspectos.
En la misma línea de Rubio se pronunció el director del Consejo Estadounidense de Inmigración, Benjamin Johnson, para quien 'la esencia de este informe es la suposición de que todo el que carece de título universitario, incluidos los ciudadanos estadounidenses, es una pérdida neta para la economía estadounidense'.
En un comunicado, Johnson alegó que todo el informe parte de 'suposiciones erróneas' en el que 'los autores tienen una mirada muy estrecha sobre lo que el recién legalizado pagaría en impuestos durante su vida'.
'Es una visión muy oscura sobre los trabajadores en Estados Unidos, los que construyen o mantienen las casas, las oficinas, los vehículos y los caminos para los que tienen títulos universitarios. (...) De hecho, nada podría estar más lejos de la verdad. Las personas son algo más que los impuestos que pagan, y la gente honesta y trabajadora son la columna vertebral de nuestra economía', añadió.
El informe de la fundación evalúa el impacto fiscal de la reforma, pero no hace referencia a los datos macroeconómicos
