España está recibiendo una inmigración menor que en el pasado y más orientada a los trabajos especializados y calificados, informó el gobierno el martes al dar a conocer las cifras de los primeros nueve meses del año.
El gobierno interpretó el descenso del 30% en la entrada de inmigrantes indocumentados entre enero y septiembre como una nueva fase del fenómeno migratorio.
La contratación de extranjeros en sus países de origen para su entrada legal en España se quedó en 15.000 personas, muy lejos de las 180.000 de 2008 o las 250.000 de hace dos años.
'España ha superado ya la etapa de acusado impacto inmigratorio, caracterizado por el acceso a nuestro país de cuatro millones de personas en poco más de una década', dijo Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo, en un desayuno informativo.
Rumí aseguró que el país ibérico está atravesando una nueva etapa de transición caracterizada por la ralentización de la entrada de extranjeros y el progresivo cambio de perfil de los nuevos inmigrantes.
'Hemos pasado de una mano de obra identificada por su carácter intensivo y no necesariamente cualificada, hacia un tipo de inmigración que, sin abandonar completamente la demanda de trabajadores en sectores como la hostelería o los servicios de proximidad, crecerá en su nivel de especialización y cualificación', aseguró.
En España residen 4,5 millones de inmigrantes, el 12% de la población, un colectivo que se ha visto muy castigado en los últimos dos años por la recesión económica y el colapso inmobiliario.
Si la tasa de desempleo en el país es del 17,9%, entre los extranjeros supera el 27,5%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.
Una de las consecuencias de la crisis económica fue la reforma de la ley de extranjería, que previsiblemente será aprobada a finales de año.
La nueva norma, muy criticada por asociaciones y colectivos sociales, contempla algunas ampliaciones de derechos, pero endurece los criterios para la reagrupación familiar y amplía el periodo de retención de inmigrantes indocumentados de 40 a 60 días en los llamados centros de internamiento.
'El Gobierno cree que estos centros deben existir y lo que va a hacer es reforzar sus garantías', aseguró.
Rumí insistió en que la ley impulsada por el gobierno socialista defiende la igualdad en los derechos y obligaciones y respeta las normas básicas de convivencia e integración.
