Los inmigrantes indocumentados que soliciten beneficios públicos para sus hijos ciudadanos estadounidenses no correrán el riesgo de ser reportados ante Inmigración bajo una nueva ley estatal en Arizona, se informó hoy.
Steve Meissner, director de comunicaciones del Departamento de Seguridad Pública de Arizona (DES), dijo a Efe que esta agencia aplicará todas las especificaciones de la nueva ley estatal HB2008, la cual entró en vigor el pasado 24 de noviembre.
Manifestó que la nueva regulación obliga a los trabajadores sociales reportar ante la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) a aquellas personas que no cuentan con un estatus legal en el país y solicitan beneficios para ellos mismos.
Aclaró que personas como una madre que reclama beneficios como cuidado médico o estampillas de comida para su hijo o hijos nacidos en los Estados Unidos: 'no existirá evidencia' de una violación a las leyes migratorias, por lo no será reportada.
Ante la confusión que ha causado esta ley, aprobada por el Legislativo estatal en julio pasado, activistas y representantes de diversas organizaciones en Arizona han aconsejando a la comunidad no responder ninguna pregunta sobre su estatus migratorio ni tampoco firmar documentos al respecto al momento de acudir a solicitar beneficios para sus hijos.
Los trabajadores del estado que no reporten estas violaciones de inmigración podrían enfrentar hasta cuatro meses de prisión o una multa de 750 dólares.
Por su parte la Liga de Ciudades y Pueblos de Arizona informó que la próxima semana planea presentar una demanda en contra de la aplicación de la nueva ley.
Niños perjudicados por ley anti-inmigrante en Arizona
Una nueva ley en Arizona que obliga a funcionarios públicos a denunciar a un inmigrante indocumentado que solicita un beneficio podría resultar en que muchos niños estadounidenses se queden sin servicios, según lo publicado en la página web news.newamericamedia.org.
Lideres religiosos, activistas y directivos de organizaciones sin fines de lucro han estado informado a través de la radio en español sobre el impacto de la ley que entró en vigor el pasado 24 de noviembre.
“Es como un balde de agua fría”, dijo la pastora Magdalena Schwartz de la Iglesia Discípulos del Reino Unido, durante su programa en la estación de radio 1190AM la Iglesia y la Comunidad. “Pero no se desesperen, no se dejen controlar por el pánico”, agregó.
Schwartz recibió varias llamadas durante el programa, de padres preocupados a la hora de aplicar por servicios de salud para sus hijos por temor a ser denunciados con las autoridades de Inmigración.
La ley HB 2008 exige que los empleados del estado o de cualquier dependencia del gobierno que recibe fondos estatales denuncien a un inmigrante indocumentado que solicite un beneficio público. Esto incluye situaciones en las que un inmigrante solicita beneficios para sus hijos aunque estos sean ciudadanos estadounidenses, advierten activistas.
Los trabajadores del gobierno pueden enfrentar hasta cuatro meses en la cárcel de no comparecer con las nuevas regulaciones. Por otra parte, los contribuyentes del estado pueden demandar a una ciudad, pueblo u agencia gubernamental si consideran que la ley no se está aplicando apropiadamente.
Aunque la ley no niega el acceso a un beneficio a los niños ciudadanos que son hijos de un indocumentado, puede requerir que un trabajador social denuncie a los padres si estos mismos comentan casualmente que no tienen documentos.
“Esto nos preocupa muchísimo, porque la gente muchas veces les da esa información inocentemente”, comentó Daniel Ortega, abogado experto en derechos civiles, quien colabora con MALDEF en Arizona.
Lydia Guzmán, directora de la organización Respect/Respeto que documenta violaciones a los derechos civiles ha estado recibiendo llamadas de inmigrantes preocupados. Pero también de trabajadores sociales quienes se encuentran entre la espada y la pared, temiendo perder su empleo de no denunciar a un indocumentado.
“Una trabajadora social me dijo: ‘No podemos decirle a los padres que dejen de aplicar por un servicio si sus hijos están hambrientos. Pero por otro lado: ¿Qué vamos a hacer nosotros? No está tan fácil conseguir otro trabajo’”.
La HB 2008 fue creada dentro de un paquete legislativo firmado por la gobernadora Jan Brewer durante un sesión especial el pasado julio para resolver el déficit fiscal de Arizona.
“Esto nos tomó completamente por sorpresa, debido a la forma en la que lo aprobaron”, dijo Guzmán, además presidente de Somos América, una coalición pro-inmigrante.
Arizona ha sido considerado como un laboratorio a nivel nacional para la creación de leyes antiinmigrantes impulsadas por los republicanos. Las leyes incluyen desde la prohibición de becas para estudiantes indocumentados en las universidades, hasta la negación del derecho a una fianza.
En el 2004, los arizonenses votaron a favor de la Proposición 200 una iniciativa para limitar el acceso a beneficios públicos por parte de los inmigrantes indocumentados. En ese entonces se sometió una demanda encabezada por el Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF) alegando que la ley tendría un impacto devastador sobre los ciudadanos estadounidenses. Puesto que las regulaciones federales ya establecen que los indocumentados no califican para beneficios públicos como un seguro médico, estampillas de comida o subsidios de vivienda.
La demanda no tuvo éxito porque la ley jamás se implementó de la forma que se esperaba. El impacto de la Proposición 200 se vio reducido a sólo cinco programas básicos por interpretación del procurador general –el demócrata-, Terry Goddard.
A pesar de las limitaciones la Proposición 200 generó temor en las familias inmigrantes que no se atrevieron a solicitar servicios médicos de emergencia o a solicitar –por ejemplo- asistencia para el cuidado prenatal de embarazadas.
Muchos activistas comunitarios temen que la historia vuela a repetirse y que la ley alimente un clima antiinmigrante en el estado.
“Esto es simplemente inconstitucional, lo que están haciendo es penalizar a los niños que tienen derecho a estos beneficios, pero se los van a quitar porque son los hijos de inmigrantes”, opinó Luis Ibarra, director de Friendly House una organización sin fines de lucro que asiste a latinos e inmigrantes en Phoenix.
El Departamento de Seguridad Económica de Arizona (DES) es una de las agencias que ya ha puesto la ley en efecto. Pero al cierre de está publicación no respondió a cuestionamientos sobre su interpretación, ni qué medidas serán puestas en efecto – o no- para asegurar que un padre indocumentado puede iniciar una solicitud de servicios para sus hijos sin enfrentar una denuncia.
Schwartz y Guzmán han estado enviando el mensaje a través de los medios de que la ley no afectará servicios básicos de emergencia como la atención en los hospitales, el 911, la policía y los bomberos.
Pese al temor y confusión, el futuro de la HB 2008 se encuentra sobre la cuerda floja. Este martes la Corte Suprema de Arizona puede congelar su implementación en respuesta a una demanda de la Liga de Ciudades y Pueblos de Arizona.
La asociación que representa a noventa ciudades y pueblos no cuestiona el contenido de la ley, sino la forma en la que fue creada. De acuerdo a los demandantes es inconstitucional porque se creó sin contemplar la opinión pública, dentro de un paquete y no individualmente. Al igual que no se relaciona con el motivo por el que el estado llamó a una sesión especial: el déficit presupuestal.
Sin embargo, la semana pasada la gobernadora Brewer salió en defensa de la propuesta junto al legislador republicano Russell Pearce, autor de varias leyes antiimigrantes. La Oficina de la Gobernadora no respondió al cierre de esta edición.
Según el abogado Ortega, si la demanda del martes fracasa MALDEF está preparado para someter un litigio. El abogado que representa a esa organización en Arizona dijo que mientras tanto le están enviando un mensaje claro a la comunidad: “Si eres indocumentado, no pidas servicios”.
