Un ciudadano hondureño compareció el pasado 2 de octubre ante un tribunal federal en San Antonio, Texas, acusado de agredir a dos oficiales de detención en el Centro de Procesamiento de Inmigración del Condado de Karnes.
El hondureño fue identificado como Jorge Alberto Maradiaga Carias, enfrenta cargos por agredir a un oficial federal. De ser declarado culpable, podría recibir una pena de hasta 20 años de prisión. La sentencia será determinada por un juez federal, quien evaluará las Pautas de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales pertinentes.
De acuerdo con documentos judiciales, el incidente ocurrió cuando Maradiaga Carias se negó a seguir las instrucciones de un oficial de detención (DO) y realizó gestos provocativos hacia él.
Ante la situación, el oficial solicitó apoyo de su supervisor, momento en que el acusado amenazó con agredirlo y alentó a otros detenidos a desobedecer a los agentes, argumentando que “no eran oficiales de ICE”.
Según la declaración jurada presentada ante el tribunal, al llegar el supervisor, Maradiaga Carias lo golpeó en la cabeza y le aplicó una llave de estrangulamiento.
En medio del forcejeo, el acusado logró patear dos veces a otro oficial en el costado de la cabeza, provocándole una caída y un golpe contra una pared de ladrillo.
Durante la confrontación, el hondureño intentó apoderarse del bote de gas OC (oleoresina capsicum) del cinturón de servicio del supervisor, sin conseguirlo. Otros oficiales intervinieron y finalmente lograron reducirlo y esposarlo.
Los dos agentes recibieron atención médica; uno de ellos sufrió lesiones menores y fue puesto en licencia médica, mientras que el otro fue diagnosticado con una conmoción cerebral leve.
El anuncio fue realizado por el fiscal federal Justin R. Simmons, del Distrito Oeste de Texas. La investigación está a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y la fiscal federal adjunta Sarah Wannarka lidera el caso.
Las autoridades recordaron que una denuncia penal es solo una acusación, y que todo acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.