Ciudad de Guatemala.
'Las cortes se vuelven grandes defensoras de la corrupción y nos ponen en un juego perverso. Sus decisiones nos colocan en una crisis más profunda', dijo a periodistas Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.
Activistas de derechos humanos y analistas políticos rechazaron este viernes la decisión del máximo tribunal de justicia de Guatemala de suspender temporalmente un proceso de antejuicio contra el presidente Otto Pérez, que busca determinar su responsabilidad en casos de corrupción.
'Es indignante la decisión del máximo tribunal de justicia, blindando a corruptores del gobierno', escribió en su cuenta de Twitter la Premio Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú, al comentar la resolución.
El jueves, la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal de justicia del país, aceptó provisionalmente un amparo presentado la semana pasada contra el antejuicio por la abogada Karen Fischer, quien actuó a título personal.
En Guatemala, la CC esta por encima de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que había dado trámite al antejuicio por corrupción contra Pérez.
Fischer explicó que presentó el amparo porque a su entender se 'violaron flagrantemente los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad jurídica y a un régimen de legalidad consolidado' al permitir el antejuicio contra el mandatario.
 Cientos de guatemaltecos recorrieron ayer las calles de la capital de ese país para exigir de nueva cuenta la renuncia de Otto Pérez.
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La decisión de la CC suspende momentáneamente el antejuicio abierto la semana pasada contra el presidente por la CSJ, en momentos que una comisión del Congreso discute si levanta la inmunidad del gobernante para permitir que sea llevado ante la justicia. La denuncia contra el mandatario fue presentada por el diputado opositor indígena Amílcar Pop, quien consideró que Pérez está involucrado en dos escándalos de corrupción que desde abril estremecen al país.
El gobierno de Pérez enfrenta una crisis política sin precedentes en el país a raíz de escándalos de corrupción en las aduanas y el Seguro Social, que provocaron la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
