Caracas, Venezuela.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, arreció ayer su ofensiva contra el presidente Nicolás Maduro, al promover el enjuiciamiento de ocho magistrados del máximo tribunal de justicia, considerado un poderoso aliado del gobierno y al que acusa de quebrar “el orden constitucional”.
Por segundo día consecutivo, Ortega, confesa chavista hoy convertida en la crítica de mayor peso del gobierno, acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en busca de la destitución de los ocho jueces de la Sala Constitucional.
La fiscal, abogada de 59 años, pidió a la Sala Plena del TSJ un “antejuicio de mérito”, por estimar que esos magistrados cometieron delito de “conspiración” contra el sistema democrático.
“No es (solo) a través de un acto de fuerza como se conspira contra la forma republicana de la Nación, también se conspira generando daños irreparables a través de sentencias. Lo que se está buscando es desmantelar el Estado”, denunció Ortega.
El lunes, la fiscal impugnó el nombramiento de 33 magistrados designados en diciembre de 2015 por el saliente Parlamento de mayoría chavista, por considerar que su “parcialidad” ha acelerado la severa crisis del país, envuelto en una ola de protestas opositoras.
Ortega calificó de “irregular” el proceso por el cual fueron designados esos magistrados, y lo señaló como una causa de que haya “grotescas decisiones que atentan contra el orden constitucional y el Estado de Justicia y de Derecho”.
Los adversarios de Maduro han acusado al TSJ de servir al gobierno, pero los señalamientos de la fiscal profundizan la fractura del chavismo y la crisis institucional que vive el país desde que la oposición asumió el control del Legislativo en enero de 2016.
Ortega reiteró ayer su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente porque fue convocada por Maduro sin consultarlo en referendo, como sí lo hizo el expresidente Hugo Chávez para la Carta Magna de 1999.
Criticó que el gobierno impidiera con la colocación de “tanquetas” en los alrededores del TSJ que ciudadanos se sumaran a un recurso que presentó contra la Constituyente y que fue rechazado por la Sala Electoral del TSJ. Además denunció que ella y su familia han sido víctimas de amenazas y persecución por parte de los servicios de inteligencia.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, arreció ayer su ofensiva contra el presidente Nicolás Maduro, al promover el enjuiciamiento de ocho magistrados del máximo tribunal de justicia, considerado un poderoso aliado del gobierno y al que acusa de quebrar “el orden constitucional”.
Por segundo día consecutivo, Ortega, confesa chavista hoy convertida en la crítica de mayor peso del gobierno, acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en busca de la destitución de los ocho jueces de la Sala Constitucional.
La fiscal, abogada de 59 años, pidió a la Sala Plena del TSJ un “antejuicio de mérito”, por estimar que esos magistrados cometieron delito de “conspiración” contra el sistema democrático.
“No es (solo) a través de un acto de fuerza como se conspira contra la forma republicana de la Nación, también se conspira generando daños irreparables a través de sentencias. Lo que se está buscando es desmantelar el Estado”, denunció Ortega.
| La fiscal Luisa Ortega muestra un documento tras solicitar al TSJ que se retire la inmunidad a ocho magistrados.
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Ortega calificó de “irregular” el proceso por el cual fueron designados esos magistrados, y lo señaló como una causa de que haya “grotescas decisiones que atentan contra el orden constitucional y el Estado de Justicia y de Derecho”.
Los adversarios de Maduro han acusado al TSJ de servir al gobierno, pero los señalamientos de la fiscal profundizan la fractura del chavismo y la crisis institucional que vive el país desde que la oposición asumió el control del Legislativo en enero de 2016.
Ortega reiteró ayer su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente porque fue convocada por Maduro sin consultarlo en referendo, como sí lo hizo el expresidente Hugo Chávez para la Carta Magna de 1999.
Criticó que el gobierno impidiera con la colocación de “tanquetas” en los alrededores del TSJ que ciudadanos se sumaran a un recurso que presentó contra la Constituyente y que fue rechazado por la Sala Electoral del TSJ. Además denunció que ella y su familia han sido víctimas de amenazas y persecución por parte de los servicios de inteligencia.
