Texas, Estados Unidos.
La legislatura de Texas aprobó una nueva normativa que modificará la relación entre los gobiernos locales y las autoridades federales de inmigración a partir de 2026.
Se trata de la ley SB 8, firmada por el gobernador Greg Abbott, que entrará en vigor el 1 de enero del próximo año y que establece la obligación de colaboración con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para determinados condados del estado.
La disposición alcanza específicamente a los condados que operan cárceles propias o que contratan a empresas privadas para su administración.
En estos casos, las autoridades locales deberán solicitar formalmente su incorporación a alguno de los acuerdos de cooperación conocidos como 287(g), un programa federal que permite a agentes locales participar en la aplicación de leyes migratorias bajo supervisión del ICE.
Los únicos territorios que quedan fuera de esta exigencia son aquellos que no cuentan con instalaciones carcelarias dentro de su jurisdicción.
La ley también contempla mecanismos de financiamiento para facilitar la implementación de estos convenios. El estado de Texas asignará recursos económicos a los departamentos policiales de los condados participantes, con montos que varían según el tamaño de la población.
Los fondos deberán destinarse a gastos policiales no cubiertos por el gobierno federal y utilizarse dentro de un plazo máximo de dos años, sin que ello permita a las administraciones locales reducir sus presupuestos ordinarios de seguridad.
Además, la normativa establece obligaciones administrativas para los alguaciles de los condados. Si el ICE rechaza una solicitud de participación, el sheriff deberá demostrar ante el estado que cumplió con el trámite y volver a presentar la petición al menos una vez al año. En caso de incumplimiento, Texas queda facultado para iniciar acciones legales contra los departamentos policiales que no acaten la ley.
El programa 287(g) ofrece distintas modalidades de cooperación entre las autoridades locales y el ICE. Entre ellas se incluye el modelo de control en cárceles, que autoriza a agentes capacitados a verificar el estatus migratorio de personas detenidas; las fuerzas de tarea conjuntas, que permiten operativos coordinados; el servicio de ejecución de órdenes específicas, enfocado en arrestos puntuales; y un esquema dirigido a territorios tribales, orientado a reforzar la aplicación de la ley migratoria con supervisión federal. Con la entrada en vigor de la SB 8, estos mecanismos pasarán a ser una obligación legal para buena parte de los condados texanos.
