La administración de Donald Trump anunció este miércoles una nueva regla que permitirá a los consulados estadounidenses negar visas a los ciudadanos de aquellos países que se nieguen a recibir a inmigrantes deportados desde EEUU, informaron medios locales.
La medida suspendería la entrega de las visas de turismo o negocios B1/B2 en las naciones que demoren el proceso de deportación o cierren las puertas a recibir a los inmigrantes devueltos por Estados Unidos.
La norma fue publicada ayer en el registro federal, diario oficial estadounidense, y se basa en la sección 243(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) implementada “para detener el crecimiento de una población indocumentada que el gobierno de EEUU está teniendo dificultades para eliminar debido a una falta de cooperación por parte del país” de aquellos que tienen órdenes de deportación, según la cadena Univision.
La aprobación de las visas de turista o negocios se encontraba hasta ahora a discreción de los funcionarios consulares, sin embargo, cuando entre en vigor la nueva medida deberá “discontinuar la concesión de visas a los países sancionados'.
De momento, las autoridades estadounidenses no han revelado la lista de países sancionados o que se verían afectados por esta nueva regla.
Trump también amenazó ayer con endurecer los requisitos para las visas de turismo o negocios ante el aumento de indocumentados en EEUU que entraron al país con este permiso de entrada y dejaron expirar el tiempo de estadía residiendo ilegalmente en territorio estadounidense.
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El magnate ordenó al secretario de Estado, Mike Pompeo, presionar a los países con más del 10% de estos casos para que resuelvan el problema, entre estos, Canadá, China, México, Brasil, India, Reino Unido y Venezuela.
En marzo de 2019, el Gobierno de EEUU detectó a más de 500,000 personas que debieron haber salido del país en 2018.
Por su parte el secretario del Departamento de Seguridad Nacional deberá presentar un memorándum con recomendaciones y soluciones para limitar las estancias excesivas en el país en el plazo de 120 días.