Managua, Nicaragua.
El Gobierno de Nicaragua utilizó lanzacohetes de fabricación rusa para atacar a las poblaciones de dos ciudades en la zona Pacífico que se manifestaban contra el presidente Daniel Ortega, afirmó el militar en retiro Roberto Samcam.
'Me informan del uso de lanzacohetes RPG 7, por parte de las fuerzas 'paramilitares'', denunció Samcam, un exguerrillero sandinista y mayor en retiro del Ejército de Nicaragua.
El RPG 7, un lanzacohetes portátil que se puede manipular casi con el mismo esfuerzo que un fusil, fue utilizado en los ataques perpetrados el domingo contra la población de Jinotepe y Diriamba, dijo Samcam en sus redes sociales.
Al menos 11 muertos, dos de ellos policías, dejó como resultado este ataque armado del Gobierno de Nicaragua informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Los enfrentamientos comenzaron de madrugada y se extendieron hasta la noche del domingo, víspera de la reanudación del diálogo nacional para intentar resolver la crisis que atraviesa este país centroamericano.
'Manejamos 11, de ellos, 7 están identificados, hay otros 2 que sabemos que fueron asesinados con una granada de mano, y otros que están en la morgue. Estos datos no son definitivos sobre lo que ocurrió hoy', dijo a Efe una portavoz del Cenidh.
El militar retirado también divulgó fotografías del lanzacohetes en manos de las 'fuerzas combinadas' del Gobierno y aseguró que las mismas 'están ya en manos de los organismos internacionales', sin especificar cuáles.
Samcam, que ha criticado el uso de armamento bélico contra la población desarmada, también denunció que las 'fuerzas paramilitares' gubernamentales 'asesinaron a dos chavalos (jóvenes) con una granada de mano', y que un grupo de manifestantes retuvo a un 'paramilitar' con una ametralladora PKM, también de fabricación rusa.
'¿Qué hace una PKM en manos de fuerzas paramilitares, quiénes tienen este tipo de armamentos (RPG 7), quiénes tienen en sus arsenales granadas de mano?', se preguntó Samcam, en alusión directa al Ejército de Nicaragua.
Los activistas del Cenidh coincidieron con los manifestantes 'autoconvocados' de ambas ciudades, en señalar que la mayoría de las muertes fueron ocasionadas por las 'fuerzas combinadas' del Gobierno, conformadas por policías, agentes antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos oficialistas, fuertemente armados.
La Policía Nacional únicamente informó de dos fallecidos en el ataque, ambos policías, y atribuyó las muertes a grupos de 'terroristas'.
Esta misma noche las 'fuerzas combinadas' también atacaron la sede de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), donde 'secuestraron' al menos a tres estudiantes, según el Cenidh, que no califica como 'arrestos' las detenciones ilegales del Gobierno.
La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, confirmó que hubo un tiroteo cerca de su casa, al sur de Managua, pero precisó que la vivienda 'no fue el objetivo de los disparos' y dijo estar bien.
Ataques similares a los de Jinotepe y Diriamba han sufrido ciudades como Estelí, La Trinidad, Granada, Jinotega, León, Managua, Matagalpa, Masaya, entre otras, donde existen manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega.
Hasta el viernes pasado la cifra de fallecidos por la represión en Nicaragua era de 310, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) han responsabilizado al Gobierno de Ortega por graves violaciones de los derechos humanos.
La CIDH ha señalado 'asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país', lo que el Gobierno de Nicaragua rechaza.
El país centroamericano está sumergido en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción. EFE
