El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, hizo este miércoles un llamado al sector privado a sumarse a los esfuerzos del Gobierno para atender a las familias afectadas por la emergencia que golpea a varias ciudades del país, y agradeció a los empresarios que ya han destinado recursos para apoyar a los damnificados.
Diez días después del terremoto que devastó el centro-oeste de Colombia, la gestión de la tragedia avanza entre promesas de reconstrucción del Gobierno y otros actores sociales y los escándalos por salidas en falso de funcionarios y decisiones políticas con tinte ideológico que han dificultado la atención.
Por primera vez desde que ocurrió el sismo de magnitud 7,4 el lunes de la semana pasada, el Gobierno elevó el martes a 312 las víctimas, una cifra que por primera vez coincide con el conteo del Instituto de Medicina Legal (IML) del país, que horas antes ya había publicado su balance.
La uniformidad de estos datos contrasta con una danza de cifras que llevó incluso al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, a afirmar el viernes pasado que en Pereira habían entonces 140.000 damnificados de 41.600 familias, mientras que el día anterior había ubicado en 102.262 el número de afectados de 45.523 familias en todo el país.
"Yo creo que ese tipo de desfases entre entidades hace parte del proceso de ajuste que solamente se va a dar cuando entre a operar un sistema único de corte de incidentes, afectaciones y daños", dice a EFE Jairo Libreros, profesor de Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad Externado de Colombia.
Ese sistema único de información, añade, debe ser alimentado por las instituciones que reportan las cifras contradictorias y depurarlas para brindar información transparente y evitar confusiones entre la ciudadanía.
