Washington, Estados Unidos.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene en sus manos el futuro migratorio de más de cinco millones de indocumentados que evitarían la deportación si la Corte acepta hoy considerar el caso de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama y falla a su favor.
Tras la oposición republicana a una reforma migratoria, el mandatario hizo uso de su poder ejecutivo para decretar un plan migratorio, que según los conservadores, cruzó los límites constitucionales.
Liderados por Texas, un total de 26 estados presentaron una demanda contra las acciones ejecutivas del presidente que provocó el bloqueo de su puesta en marcha en febrero del año pasado. El Departamento de Justicia anunció en noviembre que llevaría el caso al Alto Tribunal por estar en desacuerdo con la decisión de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, que decidió mantener la suspensión de las medidas.
“El Departamento de Justicia mantiene su compromiso de tomar medidas que resuelvan el litigio sobre inmigración lo antes posible, dando prioridad a la deportación de delincuentes, y no a las personas que tienen vínculos de larga duración con EUA y que están criando niños estadounidenses”, aseguró el portavoz del Departamento, Patrick Rodenbush.
Si el Alto Tribunal admite la consideración de las acciones ejecutivas, el fallo sobre las mismas tendría lugar antes de que acabe el mes de junio, coincidiendo con el comienzo de la recta final de las elecciones presidenciales.
Varios grupos de activistas proinmigrantes se reunirán frente a la sede del Supremo en Washington a la misma hora en la que los jueces deberán hacer público su fallo, con el objetivo de subrayar su impacto social.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene en sus manos el futuro migratorio de más de cinco millones de indocumentados que evitarían la deportación si la Corte acepta hoy considerar el caso de las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama y falla a su favor.
Tras la oposición republicana a una reforma migratoria, el mandatario hizo uso de su poder ejecutivo para decretar un plan migratorio, que según los conservadores, cruzó los límites constitucionales.
Liderados por Texas, un total de 26 estados presentaron una demanda contra las acciones ejecutivas del presidente que provocó el bloqueo de su puesta en marcha en febrero del año pasado. El Departamento de Justicia anunció en noviembre que llevaría el caso al Alto Tribunal por estar en desacuerdo con la decisión de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, que decidió mantener la suspensión de las medidas.
“El Departamento de Justicia mantiene su compromiso de tomar medidas que resuelvan el litigio sobre inmigración lo antes posible, dando prioridad a la deportación de delincuentes, y no a las personas que tienen vínculos de larga duración con EUA y que están criando niños estadounidenses”, aseguró el portavoz del Departamento, Patrick Rodenbush.
Si el Alto Tribunal admite la consideración de las acciones ejecutivas, el fallo sobre las mismas tendría lugar antes de que acabe el mes de junio, coincidiendo con el comienzo de la recta final de las elecciones presidenciales.
Varios grupos de activistas proinmigrantes se reunirán frente a la sede del Supremo en Washington a la misma hora en la que los jueces deberán hacer público su fallo, con el objetivo de subrayar su impacto social.
