Un caso en que Perú acusa a Chile de espionaje genera un fuerte punto de tensión entre los dos países, mientras Lima manifiesta su indignación por una práctica que considera ofensiva y Santiago niega la acusación y considera que su contraparte estaría haciendo un uso político de la misma.
Tras conocerse el jueves la detención de un oficial de la Fuerza Aérea Peruana, FAP, acusado de espiar para Chile, el Gobierno de Lima reaccionó expresando su fuerte molestia el viernes.
Chile negó tajantemente el espionaje, pidió prudencia a Perú y deslizó sospechas de que ese país escogió el momento para hacer pública la denuncia, ya que medios de prensa expresaron que la captura del militar peruano se dio el 30 de octubre y sólo se conoció dos semanas después.
El canciller chileno Mariano Fernández dijo desde Singapur -donde su país y Perú participan en el Foro Económico Asia-Pacífico, Apec- que no le parecía coincidencia que el caso se produjera en víspera de dicha cumbre. “A veces demasiadas coincidencias no nos permiten ver las cosas como hechos casuales”, dijo ayer el canciller Fernández.
Confirmó que los presidentes Michelle Bachelet, de Chile, y Alan García, de Perú, tuvieron una conversación casual al margen de Apec el sábado, aunque no comentó su contenido. Ayer se supo que Bachelet les pidió a sus ministros que se abstengan de responder a la denuncia de espionaje formulada por el Perú.
La presidenta chilena prefiere estudiar el caso, que enturbia las de por sí complicadas relaciones entre ambos países, antes que reaccionar de forma precipitada.
En Santiago, medios de prensa que acompañan a la delegación chilena en Singapur señalaron que Bachelet le habría reprochado a García “usar foros internacionales para crear polémica” y que ésta no era primera vez que Lima actuaba de esa forma.
Según fuentes del Ministerio de Defensa, el técnico inspector Víctor Ariza Mendoza, especialista en inteligencia, fue capturado después de un largo seguimiento de más de cinco meses, en el que se determinó que recibía pagos mensuales de entre seis mil y ocho mil dólares.
De acuerdo con fuentes judiciales, Ariza, que había trabajado en la embajada peruana en Santiago de Chile en 2002, fue captado por los servicios secretos chilenos en 2005 y ya habría admitido su culpabilidad y asegurado que espiaba para Chile por necesidades económicas.
