El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió a las críticas de su homólogo colombiano Gustavo Petro sobre el sistema penitenciario y le ofreció trasladar a Colombia al "100 %" de los detenidos, "incluyendo los llamados presos políticos".
"Si, como usted sostiene, en nuestro país existen 'campos de concentración', estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana", publicó Bukele en un mensaje en X.
El presidente salvadoreño señaló que, "en ese espíritu, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del 'amor y la vida'".
Recalcó que debería ser bajo la condición de que "deben ser todos", "porque si se trata de 'campos de concentración', incluso un solo detenido que permanezca allí sería inaceptable. Esta es una oportunidad histórica para consolidar su legado como el libertador que extendió la cuerda firme de la justicia, para sacar a miles del abismo de la exclusión".
El mandatario salvadoreño recordó que hizo la misma propuesta a la exsecretaria de Estado de Estados Unidos y excandidata presidencial por los demócratas, Hillary Clinton, "tras sus críticas sobre el sistema penitenciario en mi país".
El lunes, Petro aseguró que las cárceles de El Salvador, donde hay "personas presas inocentes", son "campos de concentración de población civil" y dijo que allí se está "matando en vida" a miles de jóvenes.
El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022, que ha llevado a la detención de más de 91.000 personas y de las que Bukele ha reconocido al menos 8.000 "inocentes".
En este contexto de suspensión de garantías constitucionales para combatir a las pandillas, las organizaciones humanitarias han recogido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y al menos 512 muertes en custodia estatal.
Recientemente, un panel de abogados internacionales presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la ONU en el que se afirma que en el país centroamericano se podrían estar cometiendo crímenes de lesa humanidad.
