San Salvador.
En la mira de las pandillas desde que ganó las elecciones presidenciales el pasado febrero, el nuevo mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, asumió el poder con la presión de contener la ola de violencia desatada en los últimos meses en el vecino país.
El Gobierno saliente de Salvador Sánchez Cerén afirmó que las maras intentan chantajear a Bukele con el repunte de asesinatos, principalmente de policías y militares, para negociar una tregua. El nuevo mandatario aún no se ha pronunciado sobre esas declaraciones, pero sí ha dejado claro que enfrentará el desafío de reducir la violencia “crónica” en uno de los países más peligrosos del mundo.
Sus principales obstáculos serán las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias, que poseen unos 60,000 miembros en todo el país. Las autoridades atribuyen a las pandillas las cifras de 50.3 homicidios por cada 100,000 habitantes registrados entre 2015 y 2018 y según analistas, la seguridad debe ser la principal apuesta de Bukele en su mandato de cinco años.
Bukele deberá “capitalizar este gran apoyo político que tiene para conseguir la participación de la población en los problemas de inseguridad, principalmente en las comunidades controladas por pandillas”, reflexionó el analista e investigador universitario Carlos Carcach.
“Temas como el turismo, la inversión extranjera, inversión privada, o el agro no se pueden desarrollar si tenemos la delincuencia como la tenemos ahora”, dijo Bukele a la prensa durante una reciente visita a Washington.
“Tendremos que hacer un acuerdo nacional, con todos los sectores, si queremos salir del problema más grande (
violencia criminal) que tenemos en nuestro país”, agregó.
Pese a que la violencia pandillera y la falta de empleo ha empujado a miles de salvadoreños a emigrar a Estados Unidos, encuestas señalan que siete de cada 10 habitantes esperan que el país mejore con Bukele.
Éxodo a EEUU
Bukele adelantó que una de sus estrategias para cerrar el grifo de la emigración ilegal hacia Estados Unidos será reforzar una alianza con el Gobierno de Donald Trump, especialmente en el área económica. Así, el mandatario realizó su primera gira internacional a Washington para promover las inversiones de empresas norteamericanas en El Salvador, donde según él, por cada empleo creado se evita la migración de cinco salvadoreños.
Bukele, de 37 años, dijo que no busca la ayuda internacional de EEUU, que lo que quiere es hacer negocios.
“Estados Unidos puede mandar mil millones de dólares en ayuda, pero eso no va a marcar una diferencia”, dijo. “Si ellos quieren empezar a hacer negocios con nosotros, eso sí va a marcar una diferencia”, aseguró el joven mandatario salvadoreño.
Economía
El también exalcalde de San Salvador cuyo triunfo en las presidenciales rompió con el bipartidismo imperante desde el fin de la guerra civil en 1992, recibe el país con una alarmante deuda externa y con una economía que en los últimos cinco años creció en promedio 2.4% anual, insuficiente, según los analistas, para cubrir la demanda de empleos.
“El gran problema del país es que hay una deuda de las finanzas públicas del 70% del PIB”, apuntó el analista Roberto Cañas. Al cierre de 2018, el país acumulaba una deuda pública de 18,974.6 millones de dólares, según el Banco Central de Reserva.
El nuevo gobierno deberá aumentar la recaudación fiscal para hacer frente a los pagos de una deuda externa que alcanza 9,565.4 millones de dólares, sin afectar los programas sociales.
Con 20,742 km2 de extensión y 6.6 millones de habitantes, El Salvador depende en gran parte de las remesas enviadas por migrantes en el exterior, sobre todo Estados Unidos, que en 2018 sumaron 5,468.7 millones de dólares, 16% del PIB.
En su plan de Gobierno, Bukele propuso modernizar el sector agrícola de la franja norte del país, donde se concentra el 75% de la pobreza extrema del país para reactivar la economía.
El nuevo presidente también busca construir un aeropuerto para activar el turismo y un sistema de trenes para pasajeros y mercancías en la zona sur del país.
Corrupción en la mira
La lucha contra la corrupción también figura en el radar del gobernante.
Bukele ha señalado que al asumir promoverá la instalación de una comisión contra la corrupción, similar a las que existen en Guatemala y Honduras, y para ello pidió apoyo a la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU).
“Bukele está obligado a hacer un gobierno decente, la gente votó por él porque espera un mejor país, en donde no haya cabida la corrupción y ese es un gran reto”, consideró el académico Dagoberto Gutiérrez.
En los últimos años varios expresidentes salvadoreños han enfrentado la justicia por casos de corrupción.
En setiembre de 2018, el expresidente Antonio Saca, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fue condenado a 10 años de prisión por el desvío de 301 millones de dólares de fondos públicos durante su gobierno (2004-2009).
Francisco Flores, presidente entre 1999 y 2004 con Arena, afrontó la justicia por el presunto desvío de fondos durante su gestión, pero murió de un paro cardíaco en enero de 2016 mientras guardaba arresto domiciliar. El expresidente Mauricio Funes (2009-2014), del FMLN, vive asilado en Nicaragua porque en su país se enfrenta a cinco pedidos de arresto de la justicia por varios cargos de corrupción.
Cambio climático
Según el experto salvadoreño, Gustavo Anaya, Bukele también debe poner especial atención en temas como “agua limpia y saneamiento” y “de acción por el clima”.
Según el último Índice de Riesgo Climático Global de la organización alemana Germanwatch, El Salvador se encuentra entre los 50 países más vulnerables del mundo por el cambio climático.
Las autoridades medioambientales señalan que uno de los principales efectos en el país es la escasez del agua por las fuertes sequías.
Esta situación, sostuvo Amaya, puede “desencadenar otros problemas”, como “enormes desplazamientos de población”, por lo que se debe atender a “corto plazo”.
El nuevo mandatario llega al Gobierno con un amplio respaldo, tras ganar los comicios del 3 de febrero con 53,1% de los votos, aunque deberá negociar con un Congreso dominado por la oposición para impulsar su agenda de trabajo.
En la mira de las pandillas desde que ganó las elecciones presidenciales el pasado febrero, el nuevo mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, asumió el poder con la presión de contener la ola de violencia desatada en los últimos meses en el vecino país.
El Gobierno saliente de Salvador Sánchez Cerén afirmó que las maras intentan chantajear a Bukele con el repunte de asesinatos, principalmente de policías y militares, para negociar una tregua. El nuevo mandatario aún no se ha pronunciado sobre esas declaraciones, pero sí ha dejado claro que enfrentará el desafío de reducir la violencia “crónica” en uno de los países más peligrosos del mundo.
Sus principales obstáculos serán las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias, que poseen unos 60,000 miembros en todo el país. Las autoridades atribuyen a las pandillas las cifras de 50.3 homicidios por cada 100,000 habitantes registrados entre 2015 y 2018 y según analistas, la seguridad debe ser la principal apuesta de Bukele en su mandato de cinco años.
Bukele deberá “capitalizar este gran apoyo político que tiene para conseguir la participación de la población en los problemas de inseguridad, principalmente en las comunidades controladas por pandillas”, reflexionó el analista e investigador universitario Carlos Carcach.
“Temas como el turismo, la inversión extranjera, inversión privada, o el agro no se pueden desarrollar si tenemos la delincuencia como la tenemos ahora”, dijo Bukele a la prensa durante una reciente visita a Washington.
| Los enfrentamientos entre la Mara Salvatrucha (MS-13) y la 18 han provocado un aumento en los índices de violencia y asesinatos en El Salvador.
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Pese a que la violencia pandillera y la falta de empleo ha empujado a miles de salvadoreños a emigrar a Estados Unidos, encuestas señalan que siete de cada 10 habitantes esperan que el país mejore con Bukele.
Éxodo a EEUU
Bukele adelantó que una de sus estrategias para cerrar el grifo de la emigración ilegal hacia Estados Unidos será reforzar una alianza con el Gobierno de Donald Trump, especialmente en el área económica. Así, el mandatario realizó su primera gira internacional a Washington para promover las inversiones de empresas norteamericanas en El Salvador, donde según él, por cada empleo creado se evita la migración de cinco salvadoreños.
Bukele, de 37 años, dijo que no busca la ayuda internacional de EEUU, que lo que quiere es hacer negocios.
“Estados Unidos puede mandar mil millones de dólares en ayuda, pero eso no va a marcar una diferencia”, dijo. “Si ellos quieren empezar a hacer negocios con nosotros, eso sí va a marcar una diferencia”, aseguró el joven mandatario salvadoreño.
| Según el Gobierno saliente, las maras buscan pactar una tregua con el Gobierno de Bukele, que aún no ha desvelado su estrategia en seguridad, uno de los mayores desafíos de su presidencia.
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El también exalcalde de San Salvador cuyo triunfo en las presidenciales rompió con el bipartidismo imperante desde el fin de la guerra civil en 1992, recibe el país con una alarmante deuda externa y con una economía que en los últimos cinco años creció en promedio 2.4% anual, insuficiente, según los analistas, para cubrir la demanda de empleos.
“El gran problema del país es que hay una deuda de las finanzas públicas del 70% del PIB”, apuntó el analista Roberto Cañas. Al cierre de 2018, el país acumulaba una deuda pública de 18,974.6 millones de dólares, según el Banco Central de Reserva.
El nuevo gobierno deberá aumentar la recaudación fiscal para hacer frente a los pagos de una deuda externa que alcanza 9,565.4 millones de dólares, sin afectar los programas sociales.
Con 20,742 km2 de extensión y 6.6 millones de habitantes, El Salvador depende en gran parte de las remesas enviadas por migrantes en el exterior, sobre todo Estados Unidos, que en 2018 sumaron 5,468.7 millones de dólares, 16% del PIB.
En su plan de Gobierno, Bukele propuso modernizar el sector agrícola de la franja norte del país, donde se concentra el 75% de la pobreza extrema del país para reactivar la economía.
El nuevo presidente también busca construir un aeropuerto para activar el turismo y un sistema de trenes para pasajeros y mercancías en la zona sur del país.
| Bukele busca atraer inversiones extranjeras a El Salvador con el fin de generar empleos y frenar la inmigración.
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La lucha contra la corrupción también figura en el radar del gobernante.
Bukele ha señalado que al asumir promoverá la instalación de una comisión contra la corrupción, similar a las que existen en Guatemala y Honduras, y para ello pidió apoyo a la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU).
“Bukele está obligado a hacer un gobierno decente, la gente votó por él porque espera un mejor país, en donde no haya cabida la corrupción y ese es un gran reto”, consideró el académico Dagoberto Gutiérrez.
En los últimos años varios expresidentes salvadoreños han enfrentado la justicia por casos de corrupción.
En setiembre de 2018, el expresidente Antonio Saca, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fue condenado a 10 años de prisión por el desvío de 301 millones de dólares de fondos públicos durante su gobierno (2004-2009).
Francisco Flores, presidente entre 1999 y 2004 con Arena, afrontó la justicia por el presunto desvío de fondos durante su gestión, pero murió de un paro cardíaco en enero de 2016 mientras guardaba arresto domiciliar. El expresidente Mauricio Funes (2009-2014), del FMLN, vive asilado en Nicaragua porque en su país se enfrenta a cinco pedidos de arresto de la justicia por varios cargos de corrupción.
Cambio climático
Según el experto salvadoreño, Gustavo Anaya, Bukele también debe poner especial atención en temas como “agua limpia y saneamiento” y “de acción por el clima”.
Según el último Índice de Riesgo Climático Global de la organización alemana Germanwatch, El Salvador se encuentra entre los 50 países más vulnerables del mundo por el cambio climático.
Las autoridades medioambientales señalan que uno de los principales efectos en el país es la escasez del agua por las fuertes sequías.
Esta situación, sostuvo Amaya, puede “desencadenar otros problemas”, como “enormes desplazamientos de población”, por lo que se debe atender a “corto plazo”.
El nuevo mandatario llega al Gobierno con un amplio respaldo, tras ganar los comicios del 3 de febrero con 53,1% de los votos, aunque deberá negociar con un Congreso dominado por la oposición para impulsar su agenda de trabajo.
