La apertura en Italia de una investigación judicial por blanqueo de dinero contra los directivos del Instituto vaticano para las Obras Religiosas, IOR, suscitó ayer la inmediata reacción del Vaticano, que manifestó su “sorpresa y perplejidad” por las acusaciones.
La fiscalía italiana dispuso también la incautación de 23 millones de euros -unos 30 millones de dólares- depositados en una cuenta del banco Credito Artigiano, por omisión del llamado banco del Vaticano de las normas contra el reciclaje de dinero.
La justicia italiana sospecha que el banco del Vaticano administra a través de cuentas anónimas, identificadas sólo con la sigla IOR, importantes sumas de dinero de oscura procedencia.
La Secretaría de Estado de la Santa Sede expresó oficialmente su “sorpresa” y “perplejidad” por la investigación judicial y manifestó su “máxima confianza” a los directivos del banco involucrados, el presidente Ettore Gotti Tedeschi y el director general Paolo Cipriani.
“Me siento profundamente humillado y mortificado”, aseguró Gotti Tedeschi al noticiero televisivo RAI tras recalcar que “ha cumplido todas las indicaciones del Banco Central italiano”.
Colaboración
El Vaticano reiteró su voluntad de trabajar con “total transparencia” sobre las operaciones financieras del IOR, a fin de cumplir las regulaciones sobre el blanqueo de capitales.
La investigación judicial contra el banco de la Santa Sede, que se beneficia de la extraterritorialidad, ya que se encuentra en la Ciudad del Vaticano, pudo ser abierta con base en las normas adoptadas en Italia en 2007 que obligan a los bancos a suministrar la identidad de los autores y la naturaleza de la transacción.
El IOR no es acusado directamente de reciclaje, sino de haber omitido suministrar los datos requeridos.
El Vaticano precisó que se trata de “transferencias a través de entidades no italianas y que el destinatario es el mismo IOR”.
Según informaciones de prensa, el IOR se disponía a transferir 20 millones de euros al banco alemán JP Morgan Frankfurt y a otros tres institutos financieros.
Tales transferencias despertaron sospechas de la fiscalía de Roma debido a que la entidad vaticana no indicó la identidad del destinatario de la operación, violando la normativa para evitar el lavado de dinero.
La omisión de tales datos es penada hasta con tres años de cárcel y una multa de 50,000 euros.
