Guatemala.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) concluye este martes oficialmente su mandato después de 12 años combatiendo corruptelas en un país que despertó pero que ocupa la posición 144 de los 180 evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
La llegada de la democracia y el fin de 36 años de conflicto armado (1960-1996), así como los Acuerdos de Paz y un Estado frágil, explican entre otras razones el origen de la Comisión, creada en 2006 con el convenio firmado entre el Gobierno y Naciones Unidas.
No obstante, entró en funcionamiento un año más tarde con el objetivo de combatir los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, los famosos 'Ciacs', que se habían infiltrado en las instituciones del Estado. Todo gracias al apoyo de la comunidad internacional, que financió íntegramente su labor.
Desde su puesta en marcha y en colaboración con el Ministerio Público, la Comisión identificó más de 70 estructuras criminales, colaboró en la judicialización de 120 casos de 'alto impacto', presentó un centenar de procesos de desafuero contra grandes funcionarios, sindicó a más de 1.500 personas y unas 660 están procesadas.
Por las filas de la Comisión han pasado tres comisionados: el español y exmagistrado en su país Carlos Castresana (2007-2010), el costarricense y exfiscal general Francisco Dall'Anese (2010-2013) y el exjuez colombiano Iván Velásquez, el último después de que el Gobierno decidiera en 2018 no renovar el mandato del ente.
Precisamente fue con Velásquez cuando el trabajo investigativo de la Comisión tomó un gran impulso revelando decenas de casos en esos seis años, algunos de los cuales implicaban a altos funcionarios, como el
expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
Ambos cayeron después de la desarticulación de la red de defraudación aduanera 'La Línea', pero los dos siguen hoy en día en prisión preventiva por su imputación en esta y otras tramas que supuestamente fraguaron para beneficiarse ilícitamente del poder.
Esta y otras investigaciones revelaron cómo el crimen organizado y la corrupción habían cooptado los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Casos que despertaron la conciencia ciudadana con protestas en las calles clamando por el fin de la impunidad.
La salida de la Comisión, una decisión anunciada desde agosto del año pasado cuando el presidente Jimmy Morales decidió no renovar su mandato, ha sido alabada por unos sectores y criticada por otros, pero lo cierto es que una encuesta publicada el pasado mes de abril revelaba que más del 70 por ciento de los guatemaltecos estaba a su favor.
Pero el mandatario, que anunció que terminaría con la Cicig el 31 de agosto por considerar que se extralimitó en sus funciones y que violó la seguridad nacional de Guatemala, fue criticado por varios sectores de la sociedad al entender que tenía un conflicto de intereses en esta decisión porque tanto él como su familia habían sido señalados de actos de corrupción.
Por el fin de su mandato, esta semana la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), junto a la
Convergencia de los Derechos Humanos, publicó el informe 'Guatemala: justicia y estado de derecho en la encrucijada', donde analiza el papel de la Cicig como el ente que más ha contribuido a reducir la impunidad, la corrupción y los homicidios.
Es por ello que las dos organizaciones, teniendo en cuenta que el presidente electo Alejandro Giammattei ha dicho que no necesitan la ayuda de organismos internacionales -aunque luego propuso pedir apoyo al FBI para combatir la criminalidad-, han presentado una serie de recomendaciones en aras de robustecer los avances logrados.
El conservador y centroderechista tiene sus propias rencillas con la Cicig, que reveló en una investigación en el año 2010 que cuando era director del Sistema Penitenciario participó en la ejecución de siete presos, un caso por el que luego fue exonerado.
Ante este contexto, las dos organizaciones denunciaron 'el gran riesgo de retroceso para los logros obtenidos en materia de justicia' y el 'desmoronamiento de la misma institucionalidad guatemalteca', y alertaron del 'probable debilitamiento de la independencia de la justicia', la criminalización y el hostigamiento de personas e instituciones que han luchado contra la impunidad.
Esto por una 'aparente alianza' de los sectores más conservadores con el Ejecutivo y con aquellos que se vieron afectados 'negativamente' por las mejoras en el funcionamiento en el sistema de justicia, como militares involucrados en 'graves crímenes' durante el conflicto armado interno, religiosos y empresarios, para perpetuar la impunidad con el llamado ' Pacto de corruptos'.
'Los ataques de este grupo han buscado también un desmantelamiento del andamiaje jurídico e institucional que hizo posible un cambio central en el funcionamiento del sistema de justicia, la criminalización de los actores claves de estos avances, y la reversión de los casos judiciales apoyados por la
Cicig', señalan las entidades.
También la organización Crisis Group ha publicado este martes un análisis de lo sucedido, en donde recuerda que Estados Unidos -el principalmente donante de la Comisión con 45 millones de dólares- no objetó la decisión del presidente Jimmy Morales de acabar con la Cicig.
Aún así, la entidad asegura que el ente logró 'progresos impresionantes' que 'salvaron vidas' y estima que la Cicig ha contribuido a una 'reducción neta de más de 4.500 homicidios entre 2007 y 2017', aunque el nivel de corrupción en el país, según Transparencia Internacional, sigue siendo alto.
De hecho, el pasado mes de enero alertó que el Gobierno del presidente Morales no logró modificar la percepción de la última década y que además Guatemala había bajado ocho posiciones en el ránking del Índice de Percepción de la Corrupción, ubicándose, con 27 puntos, en la posición 144 de 180 países analizados.
Esta calificación, la más baja de la historia, coloca a la nación centroamericana entre los últimos lugares de la región latinoamericana, junto a países como Venezuela, Nicaragua o Haití.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) concluye este martes oficialmente su mandato después de 12 años combatiendo corruptelas en un país que despertó pero que ocupa la posición 144 de los 180 evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
La llegada de la democracia y el fin de 36 años de conflicto armado (1960-1996), así como los Acuerdos de Paz y un Estado frágil, explican entre otras razones el origen de la Comisión, creada en 2006 con el convenio firmado entre el Gobierno y Naciones Unidas.
No obstante, entró en funcionamiento un año más tarde con el objetivo de combatir los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, los famosos 'Ciacs', que se habían infiltrado en las instituciones del Estado. Todo gracias al apoyo de la comunidad internacional, que financió íntegramente su labor.
Desde su puesta en marcha y en colaboración con el Ministerio Público, la Comisión identificó más de 70 estructuras criminales, colaboró en la judicialización de 120 casos de 'alto impacto', presentó un centenar de procesos de desafuero contra grandes funcionarios, sindicó a más de 1.500 personas y unas 660 están procesadas.
Por las filas de la Comisión han pasado tres comisionados: el español y exmagistrado en su país Carlos Castresana (2007-2010), el costarricense y exfiscal general Francisco Dall'Anese (2010-2013) y el exjuez colombiano Iván Velásquez, el último después de que el Gobierno decidiera en 2018 no renovar el mandato del ente.
 Un mural dedicado en agradecimiento a la Cicig.
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Ambos cayeron después de la desarticulación de la red de defraudación aduanera 'La Línea', pero los dos siguen hoy en día en prisión preventiva por su imputación en esta y otras tramas que supuestamente fraguaron para beneficiarse ilícitamente del poder.
Esta y otras investigaciones revelaron cómo el crimen organizado y la corrupción habían cooptado los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Casos que despertaron la conciencia ciudadana con protestas en las calles clamando por el fin de la impunidad.
La salida de la Comisión, una decisión anunciada desde agosto del año pasado cuando el presidente Jimmy Morales decidió no renovar su mandato, ha sido alabada por unos sectores y criticada por otros, pero lo cierto es que una encuesta publicada el pasado mes de abril revelaba que más del 70 por ciento de los guatemaltecos estaba a su favor.
Pero el mandatario, que anunció que terminaría con la Cicig el 31 de agosto por considerar que se extralimitó en sus funciones y que violó la seguridad nacional de Guatemala, fue criticado por varios sectores de la sociedad al entender que tenía un conflicto de intereses en esta decisión porque tanto él como su familia habían sido señalados de actos de corrupción.
 Empleados sacan cajas con documentos de la Cicig en la sede de la ONU en Guatemala.
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Es por ello que las dos organizaciones, teniendo en cuenta que el presidente electo Alejandro Giammattei ha dicho que no necesitan la ayuda de organismos internacionales -aunque luego propuso pedir apoyo al FBI para combatir la criminalidad-, han presentado una serie de recomendaciones en aras de robustecer los avances logrados.
El conservador y centroderechista tiene sus propias rencillas con la Cicig, que reveló en una investigación en el año 2010 que cuando era director del Sistema Penitenciario participó en la ejecución de siete presos, un caso por el que luego fue exonerado.
Ante este contexto, las dos organizaciones denunciaron 'el gran riesgo de retroceso para los logros obtenidos en materia de justicia' y el 'desmoronamiento de la misma institucionalidad guatemalteca', y alertaron del 'probable debilitamiento de la independencia de la justicia', la criminalización y el hostigamiento de personas e instituciones que han luchado contra la impunidad.
Esto por una 'aparente alianza' de los sectores más conservadores con el Ejecutivo y con aquellos que se vieron afectados 'negativamente' por las mejoras en el funcionamiento en el sistema de justicia, como militares involucrados en 'graves crímenes' durante el conflicto armado interno, religiosos y empresarios, para perpetuar la impunidad con el llamado ' Pacto de corruptos'.
 El comisionado Iván Velásquez escuchaba el informe de la Cicig titulado 'Guatemala, un estado capturado'.
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También la organización Crisis Group ha publicado este martes un análisis de lo sucedido, en donde recuerda que Estados Unidos -el principalmente donante de la Comisión con 45 millones de dólares- no objetó la decisión del presidente Jimmy Morales de acabar con la Cicig.
Aún así, la entidad asegura que el ente logró 'progresos impresionantes' que 'salvaron vidas' y estima que la Cicig ha contribuido a una 'reducción neta de más de 4.500 homicidios entre 2007 y 2017', aunque el nivel de corrupción en el país, según Transparencia Internacional, sigue siendo alto.
De hecho, el pasado mes de enero alertó que el Gobierno del presidente Morales no logró modificar la percepción de la última década y que además Guatemala había bajado ocho posiciones en el ránking del Índice de Percepción de la Corrupción, ubicándose, con 27 puntos, en la posición 144 de 180 países analizados.
Esta calificación, la más baja de la historia, coloca a la nación centroamericana entre los últimos lugares de la región latinoamericana, junto a países como Venezuela, Nicaragua o Haití.
