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Oenegés proinmigrantes demandan a la Casa Blanca por facilitar deportaciones

Cientos de miles de personas están en riesgo de ser separadas de sus familias y de ser expulsadas del país.

Los demandantes afirman que la expansión de la deportación rápida tiene como blanco a inmigrantes en todo país. Foto/Archivo
Los demandantes afirman que la expansión de la deportación rápida tiene como blanco a inmigrantes en todo país. Foto/Archivo

Nueva York, Estados Unidos.

Un grupo de organizaciones estadounidenses proinmigrantes demandó el martes a la Casa Blanca por una directriz que entró en vigor el pasado 23 de julio y que permite una deportación rápida sin el derecho a comparecer ante un juez o tener acceso a un abogado.

Según los demandantes, esta medida viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la cláusula del debido proceso en la Quinta Enmienda de la Constitución, al privarles "de una valiosa oportunidad" de defenderse de la expulsión antes de ser deportados.

Asimismo, alegan que viola los estatutos que requieren que los no ciudadanos que comparecen ante un oficial o juez de Inmigración sean representados por un abogado.

De acuerdo con las organizaciones, además, el proceso administrativo no fue correcto e incluso vulneró la ley ya que entró en efecto de inmediato sin una notificación previa o un periodo de comentarios.

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Los demandantes afirman que la expansión de la deportación rápida tiene como blanco a inmigrantes en todo país que no pueden probar que han residido de manera continuada en Estados Unidos durante los dos últimos años o más.

Antes de esta regla, la deportación rápida estaba limitada a inmigrantes detenidos a 150 kilómetros de la frontera -según el texto legal-, aquellos que hubiesen llegado por mar o que hubiesen estado en el país durante catorce días o menos.

Los grupos aseguran a la Corte Federal de Washington, donde presentaron la demanda, que la deportación rápida es "arbitraria y caprichosa" y afirman que la Casa Blanca ha proporcionado razones inadecuadas para justificar su decisión.

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Además, insisten en que la medida no aborda las serias preocupaciones del debido proceso y el grave riesgo de error creado por la expansión de la deportación rápida.

La acción legal fue presentada por las organizaciones Se Hace Camino Nueva York, la Unión del Pueblo Entero (LUPE) y We Count! representados por la Unión de Libertades Civiles (ACLU).

"Cientos de miles de personas están en riesgo de ser separadas de sus familias y expulsadas del país sin ningún recurso", tras la nueva directriz, dijo en un comunicado el abogado del Proyecto de Derechos del Inmigrante de la ACLU, Anand Balakrishman.

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"Este es un dramático e ilegal recrudecimiento de los ataques de la Administración Trump contra las comunidades inmigrantes", afirmó el abogado.

Mientras, el codirector de Se Hace Camino Nueva York, Javier Valdés, afirmó que privar a cientos de miles de personas de sus derechos fundamentales colocará a innumerables inmigrantes en riesgo, incluyendo a mucha gente que ha estado en el país durante años.

Valdés insistió en que los jóvenes y las personas transgénero podrían ser más vulnerables porque a menudo carecen de documentos que prueben cuánto tiempo han residido en el país.