Buenos Aires, Argentina.
La Iglesia católica argentina renunciará progresivamente a la aportación estatal, de 130 millones de pesos anuales (3.5 millones de dólares), y reclamará más solidaridad económica de los fieles para compensar la medida.
Los obispos de la Iglesia católica en Argentina iniciaron el pasado 5 de noviembre su 116ª Asamblea Plenaria, en la que se abordó una amplia agenda que incluyó asuntos como el sostenimiento económico y el proyecto de reforma de la ley de educación sexual.
Los prelados analizaron el actual sistema de sostenimiento de culto con el objetivo de buscar 'nuevas alternativas en el sostenimiento del culto católico', en particular a las asignaciones que los obispos reciben del Estado.
Este tema ya había sido abordado por la cúpula de la CEA en su reunión plenaria de agosto pasado, cuando se habló del objetivo de reasignar de 'manera gradual' las asignaciones estatales que reciben los obispos.
La separación entre el Estado argentino y la Iglesia católica se concretó en 1966 con la firma de un convenio entre la Santa Sede y el Gobierno que, entre otras cosas, estableció la autonomía del Vaticano para nombrar a sus obispos sin la injerencia estatal.
En la reforma constitucional de 1994 se suprimió en la Carta Magna argentina el requisito de ser católico para acceder a la Presidencia, mientras se mantuvo la obligación para el Gobierno de sostener el culto católico.
Este sostenimiento, reglamentado por una serie de leyes, se concreta a través del pago de una asignación mensual a cada obispo, de ayudas a parroquias en zonas de frontera y de asignaciones a seminaristas en formación.
Según fuentes eclesiales, de acuerdo al Presupuesto 2018, estos aportes han ascendido este año a 130,4 millones de pesos (3,5 millones de dólares), lo que representa un 7 % del presupuesto eclesial.
El gesto de renuncia está cargado de simbolismo: a los obispos se les reprochó, durante la reciente batalla legislativa por la legalización del aborto, que cobraran del presupuesto público.
La renuncia implica más independencia frente a un poder político con en el que, en general, no simpatizan.
