La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró sin lugar un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el decreto 59-2013, contentivo de la Ley Especial de Intervención al Ministerio Público (MP).
Dicho recurso fue presentado por Fabricio Erazo, presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH).
Argumentó que dicho decreto violenta principios constitucionales, entre ellos la independencia del MP.
La Sala Constitucional resolvió, por unanimidad de sus cinco magistrados, declarar sin lugar el recurso, el cual no contó con un dictamen ilustrativo de la Fiscalía de Defensa de la Constitución, que se abstuvo de emitirlo.
Melvin Duarte, portavoz de la CSJ, explicó en qué se fundamenta la sentencia que declara sin lugar el recurso de la AFH.
“En toda acción de inconstitucionalidad debe observarse y ser analizado por los miembros de la Sala e interés directo, personal y legítimo, se reconoce por parte de la Sala que hay un interés directo y personal por los fiscales que presentan el recurso; sin embargo, no puede determinar que exista un interés legítimo de Fabricio Erazo en su condición de presidente de la AFH”, explicó. El fiscal general Luis Rubí podrá interponer el recurso de inconstitucionalidad por tener un interés legítimo o un agente por delegación expresa de este.
El portavoz aseguró que el expediente fue ampliamente analizado por los cinco magistrados.
Se ordena sobreseer y archivar el recurso. Con el fallo continúa vigente la Comisión Interventora del MP.
El 17 de abril se publicó en el diario oficial La Gaceta el decreto 59-2013, que dio 60 días de vigencia a la Comisión Interventora del MP, integrada por María Navarro, Lino Mendoza, Mirian Guzmán y Ángela Madrid.
Tras conocer un primer informe que devela despilfarro y mal manejo de la investigación, el Congreso Nacional dispuso prorrogar el período de la Interventora hasta el 2 de agosto. Siguen suspendidos de sus cargos los fiscales generales Luis Rubí y Roy Urtecho.
Vienen requerimientos
Madrid dijo que en la prórroga la Comisión Interventora se concentrará en fortalecer el ejercicio de la acción penal pública.
Al respecto anunció que se incoarán requerimientos fiscales con el fin de deducir responsabilidades por abuso de autoridad y violación de los deberes contra autoridades del MP, dijo Ángela Madrid, pero evitó dar nombres.
“Esta prórroga se solicitó al Congreso como una de las recomendaciones de la Comisión Interventora, considerando que el período de duración del funcionamiento era, a nuestro criterio, poco tiempo; sin embargo, puedo ratificar y mencionar que se van a deducir responsabilidades no solo a ‘cabezas’, sino a cualquier persona que de conformidad con las investigaciones salga responsable de la comisión de delitos”, dijo Madrid.
Fue enfática al remarcar que la Comisión Interventora opina que no es posible trabajar con “dos cabezas” en el MP. Sin embargo, dijo que eso no será impedimento para cumplir el decreto.
En relación con el alegato de Luis Rubí de que no se le consultó sobre el primer informe presentado ante el Congreso, Madrid dijo: “No creímos necesario consultar porque ya toda la prueba y todos los elementos de juicio están dentro del MP y no puede ser rebatido porque consta en las investigaciones”.
Fiscal General no colabora
La integrante de la Comisión Interventora, Miriam Guzmán, dijo que el fiscal general Luis Alberto Rubí no ha querido colaborar con el trabajo de los cuatro profesionales del derecho nombrados por el Congreso Nacional.
“Buscar excusas es no tratar de mejorar en lo que se está fallando y el fiscal Luis Rubí no ha querido brindar la colaboración que necesita la Comisión Interventora”, señaló.
Agregó que la mejoría de la institución depende del reconocimiento de las responsabilidades de cada una de las personas que estaban al frente de la Fiscalía. Se están elaborando los instrumentos técnicos y científicos, dijo.
