Por petición de las autoridades de la Secretaría de Seguridad, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones les exigirá a las operadoras de telefonía celular que agilicen la portabilidad numérica con el fin de combatir delitos como la extorsión y el secuestro.
El Congreso Nacional, por medio del artículo 23 de la Ley de Seguridad Poblacional (decreto 105-2011 del 8 de julio de 2011), aprobó que la Conatel dictamine la normativa administrativa necesaria para obligar a los operadores de telefonía móvil a que se aplique en el país la portabilidad numérica, que debió haber estado operando dentro de los siguientes 120 días calendario después de haber aprobado la presente ley, o sea el pasado 8 de noviembre.
El director de centros penales, Danilo Orellana, señaló ayer que “la portabilidad numérica es urgente, pero algunas compañías no quieren o no les gustaría y eso permitiría, cuando ocurre un secuestro, saber a quién le pertenece el teléfono”.
Según Orellana, la portabilidad numérica ayudaría a ejercer verdadero control sobre las llamadas hechas desde los presidios.
El funcionario dijo que únicamente la prisión de alta seguridad de Támara tiene el equipo electrónico consistente en escáneres, arcos y aparatos de detección de metales porque fueron donados por el Gobierno de Estados Unidos.
Confusión
En relación con las opiniones y los comentarios de funcionarios y autoridades policiales, el presidente de Conatel, Miguel Vélez, respondió que hay una confusión cuando se habla de portabilidad numérica, ya que esta se explica cuando un abonado de una empresa de telefonía móvil se pasa a otra con el mismo número.
Agregó que en los próximos días se llamará a todos los propietarios de los teléfonos celulares para que validen y certifiquen su información. Luego se dará un tiempo para hacer la base de datos y cada quien tendrá que responder por su número de teléfono.
Vélez aclaró que los números que no se registren serán inhabilitados y quedarán fuera del sistema. “Así se combatirá la extorsión y otro tipo de delitos”, subrayó el funcionario.
Reunión con telefónicas
Velez afirmó que para verificar la propiedad de cada número con cada usuario de celulares se le pedirá al ciudadano su número de identidad y otra información personal. Si esa persona quiere comprar un celular en otra empresa, podrá hacerlo, pero el número de su celular será el mismo.
Vélez considera que 45 días sería un período probable para que todas las telefónicas terminen su base de datos con toda la información que dicte la normativa.
En el caso de que el usuario no dé la información solicitada será dado de baja del sistema y no podrá obtener un celular si no se adhiere a la norma.
Finalmente, el ejecutivo de Conatel afirmó que se ha comunicado con todas las empresas distribuidoras de teléfonos móviles y que sus ejecutivos le han confirmado que están de acuerdo con echar a andar el proyecto.
Remueven utilidad de aprobar ley de escuchas telefónicas; opositores no lo ven oportuno
El presidente del Congreso Nacional, CN, Juan Orlando Hernández, mostró toda su disposición a aprobar una normativa para dar luz verde a las polémicas escuchas telefónicas y afirmó que así se combatirá también a los delincuentes.
El tema que a mediados de mayo fue debatido plenamente en el CN sin obtener respaldo ha vuelto a la palestra pública, pero sectores políticos del Legislativo estiman que es inconveniente crear esta figura en un momento en que se investiga si los operadores de justicia, llámese policías, fiscales y jueces, están coludidos con el narcotráfico y el crimen organizado.
“Sería delicado poner en manos de los agentes infiltrados del crimen organizado en los órganos de justicia un arma tan poderosa como las escuchas telefónicas”, opina el diputado del partido Innovación y Unidad, Pinu, German Leitzelar.
El congresista considera que primero deben sanearse las estructuras del Estado que luchan contra la delincuencia para después proveerlas de mecanismos tecnológicos de investigación como las escuchas telefónicas.
En Honduras ya existe un capítulo en el Código Procesal Penal que permite a los operadores de justicia intervenir las llamadas telefónicas. En relación con la intervención de las comunicaciones, la misma Constitución de la República establece en el artículo 100 que “toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y el secreto de las comunicaciones, en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”. El artículo 223 del Código Procesal Penal autoriza la intervención en las comunicaciones.
“El juez, a petición del Ministerio Público de parte acusadora, podrá ordenar, mediante resolución fundada, la grabación de las comunicaciones telefónicas, informáticas o de cualquier otra índole análoga que tenga el imputado”, dice parte del artículo del Código Penal.
