Tegucigalpa, Honduras.
“Decepcionada” con la clase política hondureña porque no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones, dijo sentirse Ulrike Lunaceck, jefa de la Misión de Observación de la Unión Europea (UE).
Lunaceck, quien llegó esta semana al país, dio a entender que la UE podría condicionar la ayuda a los procesos electorales si no se impulsan estos cambios en el sistema político hondureño.
Se pronunció en estos términos en el programa Frente a Frente, de donde salió a reunirse individualmente con los máximos líderes de los partidos políticos.
El lunes se reunió con el Registro Nacional de las Personas, pero excluyó a los subdirectores, lo que ha causado inconformidad entre estos funcionarios.
Recomendaciones
La despolitización de los organismos electorales y la modernización del sistema de tarjetas de identidad aparecen como las principales recomendaciones que la Misión de Observación Electoral hizo a la clase política hace dos años.
Sin embargo, ninguna de estas recomendaciones, ni las otras que se hicieron, se han cumplido, lo que ha provocado la presencia de Lunacek. La UE y la Organización de Estados Americanos (OEA) fueron parte de la numerosa presencia de extranjeros que fueron testigos del desarrollo del proceso electoral que ganó el ahora presidente Juan Orlando Hernández.
La UE “considera que el marcado pluralismo del nuevo Congreso abre espacios para que, con voluntad política, se adapte la legislación electoral a la nueva realidad del país y se supere la tradicional desconfianza de partidos y ciudadanos en la administración de los procesos electorales hondureños”, dice la propuesta.
“Para fortalecer la confianza de los partidos políticos y de la opinión pública en general hacia la administración electoral y sus componentes en todos los niveles, el Tribunal Supremo Electoral se beneficiaría de una despolitización, con nombramientos que se hiciesen de acuerdo con criterios legalmente establecidos de neutralidad política y competencia técnica”, añade.
Respecto al nombramiento de los magistrados de esta entidad, la misión recomienda “un mecanismo inclusivo y responsable”, el cual “podría ser el establecimiento de un comité de selección o postulación compuesto por una amplia gama de miembros de la sociedad civil que, tras un análisis de sus cualificaciones y trayectoria profesional, propondría candidatos idóneos para su elección por una mayoría cualificada del Congreso Nacional”.
“Decepcionada” con la clase política hondureña porque no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones, dijo sentirse Ulrike Lunaceck, jefa de la Misión de Observación de la Unión Europea (UE).
Lunaceck, quien llegó esta semana al país, dio a entender que la UE podría condicionar la ayuda a los procesos electorales si no se impulsan estos cambios en el sistema político hondureño.
Se pronunció en estos términos en el programa Frente a Frente, de donde salió a reunirse individualmente con los máximos líderes de los partidos políticos.
El lunes se reunió con el Registro Nacional de las Personas, pero excluyó a los subdirectores, lo que ha causado inconformidad entre estos funcionarios.
Recomendaciones
La despolitización de los organismos electorales y la modernización del sistema de tarjetas de identidad aparecen como las principales recomendaciones que la Misión de Observación Electoral hizo a la clase política hace dos años.
Sin embargo, ninguna de estas recomendaciones, ni las otras que se hicieron, se han cumplido, lo que ha provocado la presencia de Lunacek. La UE y la Organización de Estados Americanos (OEA) fueron parte de la numerosa presencia de extranjeros que fueron testigos del desarrollo del proceso electoral que ganó el ahora presidente Juan Orlando Hernández.
La UE “considera que el marcado pluralismo del nuevo Congreso abre espacios para que, con voluntad política, se adapte la legislación electoral a la nueva realidad del país y se supere la tradicional desconfianza de partidos y ciudadanos en la administración de los procesos electorales hondureños”, dice la propuesta.
“Para fortalecer la confianza de los partidos políticos y de la opinión pública en general hacia la administración electoral y sus componentes en todos los niveles, el Tribunal Supremo Electoral se beneficiaría de una despolitización, con nombramientos que se hiciesen de acuerdo con criterios legalmente establecidos de neutralidad política y competencia técnica”, añade.
Respecto al nombramiento de los magistrados de esta entidad, la misión recomienda “un mecanismo inclusivo y responsable”, el cual “podría ser el establecimiento de un comité de selección o postulación compuesto por una amplia gama de miembros de la sociedad civil que, tras un análisis de sus cualificaciones y trayectoria profesional, propondría candidatos idóneos para su elección por una mayoría cualificada del Congreso Nacional”.
