TSC señala a Isis Cuéllar en esquema irregular de fondos
El TSC concluyó que fondos se asignaron de forma discrecional y que la intervención de gestores externos desvirtuó el objetivo del programa en Sedesol
- 24 de septiembre de 2025 a las 06:21 /
Un informe del Tribunal Superior de Cuentas concluyó que Isis Carolina Cuéllar Erazo, diputada de Libre por Copán, participó en un esquema de asignación irregular de recursos el Fondo de Administración Solidaria, canalizados a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El informe fue remitido al Ministerio Público.
La Prensa Premium y El Heraldo Plus tuvieron acceso al informe No. 001-2025-DDISP-SEDESOL-A, el cual confirma que las ayudas sociales y proyectos de infraestructura ejecutados en Copán entre el 3 de julio de 2023 y el 20 de febrero de 2025 fueron indebidos y constituyen una acción penal.
El documento señala que Cuéllar benefició a personas vinculadas con la política y a familiares, tal como denunció este equipo de investigación el pasado 24 de junio de 2025. Varias de estas personas gestionaban las ayudas en nombre de terceros, pero no les entregaban el efectivo completo o los engañaban.
“Conforme a los testimonios brindados por beneficiarios de los cheques, ellos no hicieron gestiones directamente ante la Sedesol, sino que las ciudadanas Ilsy Baquedano, Paola Pérez y Eduardo Elvir les solicitaron firmar documentos y fueron quienes se encargaron de documentar las solicitudes y liquidaciones respectivas”, indica el informe.
Este medio evidenció que Baquedano (asistente de Cuéllar), Paola Pérez Moreno (cuñada de la diputada) y Eduardo Elvir eran quienes gestionaban las supuestas ayudas. Además, se comprobó que tanto Baquedano como Pérez Moreno recibieron beneficios y figuraban como proveedoras del Estado en la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones (Oncae).
La exrectora Julieta Castellanos cuestionó la pasividad del Ministerio Público frente a estos hallazgos. “La Fiscalía ha intervenido en otros casos sin necesidad de informes, pero aquí guarda silencio”, lamentó.
Distribución de fondos
El documento también menciona que en mayo de 2023 la congresista de Libre ejecutó 6.5 millones de lempiras en 67 cheques, de los cuales solo se cobraron 58, valorados en más de 5.1 millones de lempiras. Estos se distribuyeron en 39 pagos para emprendimientos y 19 para reparación de viviendas; nueve fueron anulados por renuncia de los solicitantes.
El TSC subrayó que la gestión incumplió el objetivo legal del fondo, pues los recursos no se entregaron a comunidades, patronatos, asociaciones o alcaldías -como establece la normativa-, sino a personas con vínculos políticos.
El material probatorio incluye documentación contable, liquidaciones y un video difundido en redes sociales que registra una conversación entre Cuéllar y el entonces secretario de Sedesol, José Carlos Cardona, donde la congresista describe la forma en que se entregaron recursos a estructuras del partido.
La auditoría detalla una “estrategia sistemática” para direccionar los fondos hacia personas con vínculos familiares o políticos con la diputada y su equipo.
Beneficiarios irregulares
Entre los casos documentados figuran beneficiarios ligados a la asistente de Cuéllar: Ilsy Valeska Baquedano Mejía, su madre Alba Luz Mejía y su tía Nora Elsa Mejía, quienes recibieron más de 292,000 lempiras.
El informe también incluye a colaboradores cercanos y personas vinculadas sentimental o familiarmente con la congresista, así como a candidatos a cargos públicos y servidores con ingresos estables.
Múltiples testigos relataron que fueron trasladados en grupos a sucursales de Banadesa en Cortés, Lempira y Copán, donde cobraban los cheques de forma coordinada. Varios aseguraron que luego entregaban el efectivo a Baquedano o Pérez, mientras otros denunciaron haber firmado documentos sin leerlos o haber sido víctimas de falsificación de solicitudes.
Uno de los beneficiarios declaró: “Cambié el cheque en la agencia de Banadesa y lo entregué en efectivo a Ilsy Baquedano; me pidieron firmar papeles sin dejarme leerlos”.
Inconsistencias
La verificación en los 18 municipios de Copán reveló irregularidades en las obras financiadas. Se encontraron cotizaciones idénticas en expedientes distintos, facturas inconsistentes y documentos emitidos por empresas que negaron haber realizado ventas. Incluso, firmas de beneficiarios diferían de las rúbricas presentadas ante la auditoría, lo que apunta a manipulación documental.
El TSC concluyó que los fondos fueron asignados de manera discrecional, sin criterios técnicos verificables, y que la intervención de gestores ajenos desnaturalizó el propósito del programa.
Ante ello, Oved López, diputado de Libre, instó al Ministerio Público a actuar: “Si el Tribunal Superior de Cuentas ha determinado que puede existir un delito, pues por eso debe pronunciarse la Fiscalía General de la República y actuar de inmediato, igual que en otros casos que se están investigando”.
