El pleno del Congreso Nacional aprobó anoche por mayoría calificada reformas constitucionales para ampliar el período de detención preventiva de 24 a 48 horas, en casos excepcionales.
Además la reforma contempla que el informe policial sobre un detenido podrá ser admitido como indicio racional para que el juez dicte auto de formal procesamiento.
Esto último porque en la actualidad el juez exige plena prueba para dictar auto de formal procesamiento, que es casi como la puerta abierta para que todo detenido quede en libertad inmediata, aunque tenga indicios racionales en su contra, según el diputado German Leitzelar.
Las reformas fueron al artículo 71 y 92 de La Constitución de la República, que entrarán en vigencia hasta el próximo año.
La reforma ocurrió aún en contra de la opinión de la ministra de Derechos Humanos, Ana Pineda, quien dijo que esa reforma era violatoria a las garantías constitucionales, sin embargo, Orle Solís, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, dijo que dicha opinión no es vinculante.
El ministerio de Derechos Humanos advirtió que cualquier intensión de reforma más allá de lo actualmente establecido conllevará una clara conculcación de los principios de progresividad e inviolabilidad de los derechos humanos, cuya obligación de los Estados partes es la de no reducir la protección de un determinado derecho.
Cabe mencionar que la detención de 48 horas será para casos excepcionales, y no la regla, por lo que serán los jueces los que determinen esta acción.
Puntos pendientes
En materia de seguridad falta aprobar otras reformas como la ley de la intervención telefónica, que ya la autoriza el artículo 223 del Código Procesal Penal, especialmente en las telefónicas; sin embargo, no desarrolla un procedimiento para su ejecución.
Para eso se crea la Unidad de Intervención de las Comunicaciones, UIC, la cual determinará y autorizará cuando sea requerida una intervención.
También faltan las reformas al artículo 294 del Código Penal para imponer una pena de reclusión de entre 9 a 12 años a cualquier persona que sea sorprendida en la utilización de uniformes, insignias, condecoraciones y equipo de uso exclusivo de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas.
Luego están las reformas al Código Procesal Penal, a los artículos 174, añadiendo causales a las medidas cautelares, al 178 para la prisión preventiva, y el 311 para la lectura autorizada.
En cuanto a las reformas al Código Penal, pasan por el artículo 294, luego se reforma la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en el artículo 22, para crear un reglamento del catálogo de equipo y armas de uso exclusivo de la Policía Nacional.
Contenido de las reformas
Los diputados al Congreso Nacional, con una votación de 104 a favor y seis en contra, aprobaron la reforma constitucional de ampliar, si el caso amerita, el período de detención de un sospechoso de cometer delitos graves de 24 a 48 horas.
Esta reforma sería aplicada a las personas que son detenidas por sospechas de cometer delitos de narcotráfico, asesinato, secuestro y otros relacionados con el crimen organizado.
También se aprobó la reforma del artículo 92 para cambiar el término de auto de prisión al de formal procesamiento, lo que permite que los jueces puedan dictar esa medida con una declaración e indicios racionales que presenten operadores de justicia como la Fiscalía y la Policía.
Los diputados decidieron no reformar el artículo 88 constitucional, ya que, dijeron, las reformas planteadas del mismo se harán en las reformas que se hagan posteriormente al Código Procesal Penal.
Las reformas serán ratificadas constitucionalmente en la próxima legislatura. Por ser una reforma constitucional requerían de dos tercios de votos (86).
Anuncian recursos
La Barra de Abogados Anticorrupción anunció la interposición de recursos judiciales en contra de la ley que impone tasas para seguridad.
Se anuncian recursos de amparo o de inconstitucionalidad.
“Nos reunimos con varios colegas que venimos todos los días a ejercer la profesión a esta Corte Suprema de Justicia, como nadie dice en este país ni pío, estamos hablando de presentar recursos de amparo o de inconstitucionalidad, preferiblemente el último, contra esta injusticia que quiere hacer el Congreso Nacional”, expresó el abogado Edgardo Paz Hernández. Argumenta que la tasa para seguridad no puede afectar a la mayoría de los hondureños pobres.
Recalcó que interpondrán los recursos y “si pasan, bueno; si no, que quede constancia: rechazamos la tasa, es lesivo semejante trancazo, deben suspenderlo, es muy injusto”, expresó.
“Me da mala impresión que ese dinero va a ser desviado para campañas políticas”, dijo. Si de captar fondos se trata, propone que los diputados se bajen el salario o gravar impuestos a jugadores que devengan altos salarios y vendedores de alcohol y cigarros.
Paz Hernández no fue específico al declarar para cuándo se espera la interposición de los recursos, pero sí fue enfático al decir que las acciones vienen debido a que el grupo de abogados consideró injusta la aplicación de este “paquetazo” que está imponiendo el Congreso de la República.
“No sabemos si esa tasa es para seguridad o proselitismo”: Cohep
Para los empresarios aún no está claro el origen, el monto y el destino final que tendrán los recursos que se captarán por medio de un paquete de medidas tributarias aprobadas anoche.
Sectores del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep, se han mantenido aún ayer, en sesión permanente para discutir y llegar a un consenso entre los representantes de rubros que resultarán afectados con la normativa.
De igual manera, la cúpula del Cohep en reunión efectuada el martes por la noche con la directiva del Congreso Nacional declaró inaceptable el decreto Ley de Seguridad Poblacional presentado este lunes en el pleno legislativo. “Discrepamos durante la reunión efectuada ayer con autoridades del Congreso Nacional que los excedentes se trasladen a otros rubros que no sean seguridad. Esos rubros los pueden utilizar para campaña política y para hacer proselitismo”, enfatizó Santiago Ruiz, presidente del Cohep. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, CCIC, Luis Larach, advirtió que mediante la referida normativa el gobierno recaudaría unos 4,000 millones de lempiras. Los 1,500 serían destinados a seguridad y los 2,500 millones restantes a un “fondo de proyección social”.
El director del Cohep dijo que “no se sabe qué tipo de ley es esta; si es un impuesto, una tasa o qué. No sabemos si quieren una tasa para seguridad, si es para efectuar proselitismo político, para ayudarle a alguna persona o a un amigo”.
“Pedimos de manera original que en la administración del fideicomiso participaran tres representantes del Cohep y dos del gobierno”, añadió.
