Luego que la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP) cuestionará los escasos avances en materia de depuración policial y adelantara que no se certificará el trabajo de la institución encargada, el titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva, defendió ayer la labor realizada hasta este momento para adecentar el cuerpo policial.
Villanueva convocó a una conferencia de prensa para responder a lo aseverado a LA PRENSA por los miembros de la CRSP en el sentido de que la depuración policial adolece “de calidad, profundidad, extensión y efectividad” en los términos que la sociedad hondureña y el Gobierno esperaba en su primer año de funcionamiento.
En un artículo publicado ayer, los miembros de la Comisión de Reforma a la Seguridad adelantaron que no certificarán el trabajo de la DIECP, en vista de que la depuración de la Policía no solo ha sido lenta, sino que existe “un desenfoque total sobre el proceso de investigación y las metodologías aplicadas”.
El jueves anterior, la secretaria adjunta de Estado de Estados Unidos, Roberta Jacobson, también advirtió que el futuro apoyo a las instituciones de seguridad de Honduras dependía de los avances en el saneamiento de la Policía hondureña, acusada de colusión con el crimen organizado y corrupción en los altos mandos.
Al respecto, Villanueva dijo que desde la primera reunión que tuvo con los miembros de la CRSP hizo el planteamiento de elaborar un mecanismo o protocolo que permitiera -respetando las competencias legales de ambas instituciones, cumplir con la facultad de la Comisión de certificar- dar seguimiento y supervisar el trabajo de la DIECP.
“Nosotros estamos cumpliendo con las funciones que se nos señalan; pero como una entidad que investiga delitos tenemos que tener reserva sobre las investigaciones en vista de que la ley le prohíbe a la DIECP informar sobre los nombres, los investigados, los investigadores, los elementos constitutivos de la investigación, porque eso da a lugar al delito de violación de secretos que es castigado hasta con seis años de reclusión para el funcionario abusivo”, arguyó.
El funcionario refirió que la institución a su cargo está en la obligación de respetar todas las normas que aseguren el respeto de los derechos humanos de los investigados, esto en respuesta a los cuestionamientos de la CRPS en el sentido de que toda la información en la DIECP se maneja como un secreto de Estado.
Estado de inocencia
En la entrevista concedida a LA PRENSA, el representante de la CRSP Jorge Omar Casco se quejó que -además de las debilidades en el proceso de depuración- ha existido de las autoridades de la DIECP un exagerado manejo de la información relacionada con el proceso, bajo el argumento que se trata de investigaciones atinentes a la seguridad del Estado. El director de la DIECP puntualizó que no vulnerará la garantía constitucional del estado de inocencia de los investigados, así como el derecho de privacidad, el honor y la imagen de los miembros de la carrera policial objeto de investigación.
Apuntó que la institución remitió varias investigaciones al Ministerio Público, cuyo contenido solo será conocido en el momento que sean presentados en los tribunales de justicia por el órgano acusador del Estado.
Respecto a los resultados de las pruebas de confianza, dijo que se remitieron las resoluciones a la Secretaría de Seguridad en las que se pedía a las autoridades del ramo y al director general de la Policía que procediera conforme a derecho y “eso significaba con base en esa ley, la cancelación de los miembros de la Policía” que no pasaron las pruebas de confianza.
Según la información divulgada, de los 33 agentes y oficiales que no pasaron las pruebas de confianza, solo siete fueron separados tal como establecía el decreto 89-2012 o la Ley de Depuración; pero 26 de ellos aún permanecen en la institución policial y gozan de todos sus beneficios.
Sobre la posibilidad de que la CRSP no conceda la certificación a la DIECP, Villanueva respondió que la Comisión de Reforma no es un órgano investigador de delitos, si fuera así, se le trasladarían los expedientes investigativos; pero la labor de investigar los hechos constitutivos de delitos y faltas de los miembros de la carrera policial corresponde exclusivamente a la DIECP.
“La Comisión de Reforma a la Seguridad Pública tiene altas responsabilidades con el diseño de políticas sobre esa área”, indicó.
Aclaró que en la DIECP no son enemigos de la Policía Nacional
de Honduras, por el contrario, se pretende apoyar a sus miembros para que la institución sea más eficiaz, haga mejor su trabajo y se fortalezca, y “eso es lo que estamos haciendo”.
En su defensa, Villanueva no respondió los cuestionamientos formulados por el comisionado Jorge Omar Casco en cuanto a que la institución que dirige adolece de calidad, profundidad, extensión efectividad en el proceso de depuración policial, además que se carece de un enfoque metodológico e investigativo.
