El debate por la implementación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) volvió a encenderse tras fuertes declaraciones cruzadas entre Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal.
En una publicación realizada en su cuenta de X el pasado 18 de junio, Marlon Ochoa cuestionó la legalidad del dictamen que avala la contratación del TREP, señalando una supuesta “intromisión humana” que, según él, representa un intento de fraude electoral.
“Señores Partido Liberal y Partido Nacional, la Asesoría Legal del CNE dictaminó en fecha 14 de junio el pliego de condiciones para contratar el TREP, pero sin los tres párrafos de intromisión humana que le añadieron por mayoría de votos de sus consejeras representantes”, escribió Ochoa.
Y agregó: “El pretender aplicar el mismo dictamen legal, después de centralizar ilegalmente el conteo de las actas, es por sí mismo, un acto de fraude tramposo”.
Ochoa aseguró que solicitó una ampliación del dictamen legal, concluyendo que la resolución del CNE sería “inconstitucional e ilegal” por, supuestamente, usurpar las funciones de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y trasladarlas de forma centralizada a Tegucigalpa.
El Consejero Marlon Ochoa de manera malintencionada y violando los procesos legales , ha solicitado opinion legal a la Unidad Legal del CNE sobre los TDR aprobados en pleno para el proceso del TREP. Vale aclarar que ya se contaba con dictamen legal favorable emitido por la misma... pic.twitter.com/xrM8CaIDH8
— Partido Liberal de Honduras (@PLHonduras) June 19, 2025
La dura respuesta de Jorge Cálix
La reacción de Jorge Cálix no se hizo esperar. El congresista liberal calificó de improcedente el señalamiento de Ochoa y lo acusó de carecer de autoridad legal para emitir dictámenes de inconstitucionalidad.
“Vaya... lo que nos faltaba. Ahora es que, según Marlon Ochoa, un empleado del CNE está facultado por el poder de la refundición y de Nicolás Maduro para declarar inconstitucional una resolución del pleno del CNE”, escribió Cálix en su cuenta de X.
“Tu rabieta se resume en una sola cosa: van a perder y lo saben. Anda alistando tus maletas porque vos también te vas. Quizás en Venezuela te aceptan. Aquí no queremos saber nada de los esbirros de Maduro”.
El parlamentario también hizo énfasis en que, de acuerdo con la legislación hondureña, únicamente la Corte Suprema de Justicia tiene la facultad para declarar inconstitucionalidad de normas o actos administrativos.
“El único órgano facultado por la ley para declarar inconstitucional una ley o precepto, es la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional. (Te sugiero que leas los artículos 185, 313, 316 de la Constitución y 75, 76 y 80 de la Ley sobre Justicia Constitucional)”, indicó.
Además, recordó que el personal técnico del CNE no tiene atribuciones decisorias.
“Un subdirector del Departamento Legal del CNE es un empleado subordinado que actúa bajo las directrices del pleno y carece de autoridad para anular o declarar la inconstitucionalidad de las decisiones del pleno. Su rol es técnico, de apoyo, no es decisorio ni jurisdiccional”, concluyó Cálix.
