La Comisión de Defensa y Soberanía del Congreso Nacional dictaminó este lunes de forma favorable una iniciativa de ley orientada a castigar con prisión perpetua a las personas que asesinen a operadores de justicia, fiscales, jueces y miembros de los cuerpos de seguridad pública.
El proyecto de decreto, que introduce reformas al Código Penal mediante la adición de nuevos artículos, busca frenar las agresiones y garantizar la integridad física de los funcionarios que combaten directamente la criminalidad organizada.
La propuesta fue presentada formalmente ante el pleno legislativo por el presidente de ese poder del Estado, Tomás Zambrano, y recibió respaldo multipartidario en el seno de la comisión dictaminadora.
"La modificación o la adición al Código Penal busca fortalecer la protección penal de los servidores públicos encargados de la seguridad ciudadana, la investigación criminal y la impartición de justicia", explicó Kilvett Bertrand, diputado y presidente de la Comisión de Defensa.
La reforma jurídica contempla la creación de una nueva sección dentro del Título XXIX del Código Penal, orientada a tipificar los delitos contra las instituciones del Estado bajo la denominación de Atentado contra Instituciones y Cuerpos de Seguridad.
De acuerdo con el dictamen técnico, se incorporarán los artículos 540-A, 540-B y 540-C, estableciendo una escala de penas severas que no admitirá medidas sustitutivas y que sancionará con la máxima pena el asesinato de uniformados y funcionarios judiciales en el ejercicio de sus funciones.
"Quien dé muerte a miembros de las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad del Estado, agentes policiales, agentes penitenciarios, investigadores criminales, agentes fiscales, jueces, magistrados y servidores judiciales por razón de su función, cargo o condición, con la finalidad de afectar la autoridad del Estado, deberá ser condenado a prisión perpetua", detalló Bertrand.
Las reformas también innovarán en el castigo de la conspiración previa y el sicariato, estableciendo condenas de entre 20 y 25 años de cárcel para quienes planifiquen este tipo de ataques.
Asimismo, el texto legal contempla un aumento de un tercio de la pena cuando los autores intelectuales o materiales pertenezcan a maras, pandillas o estructuras del crimen organizado.
En relación con las conductas delictivas que no lleguen a consumarse, el artículo 540-C fijará penas de entre 20 y 25 años de prisión para las tentativas inacabadas y de entre 23 y 28 años para las tentativas acabadas, reduciendo los márgenes de discrecionalidad judicial.
"Esto demuestra la voluntad política que tenemos para luchar por la paz y la tranquilidad del país mediante esta iniciativa de ley presentada ante el pleno por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano", añadió el parlamentario.
El presidente de la comisión aclaró que la medida no busca crear una categoría de ciudadanos privilegiados ante la ley, sino responder de manera proporcional al nivel de riesgo y vulnerabilidad que enfrentan quienes persiguen el delito en las zonas más conflictivas del país.
"No se puede comparar a un ciudadano con un juez que toma determinaciones contra el crimen organizado, con un fiscal que acusa directamente a estas estructuras o con policías y militares que realizan operaciones en los sectores más complejos del país", argumentó Bertrand.
El dictamen, firmado por representantes de las bancadas del Partido Libertad y Refundación (Libre), Partido Liberal y Partido Nacional, será remitido de inmediato a la Secretaría del Congreso Nacional, con la expectativa de que su discusión y eventual aprobación se concrete durante las sesiones de esta misma semana.
