Gustavo Flores, cuarto implicado en caso Koriun, llega a audiencia inicial

Gustavo Flores, exadministrador de Koriun Inversiones en Choluteca, comparece en audiencia inicial por el supuesto delito de lavado de activos.

Gustavo Flores, cuarto implicado en caso Koriun, llega a audiencia inicial
Tegucigalpa, Honduras.

Gustavo Flores Carbajal, cuarto implicado en el caso Koriun, llegó en horas de la mañana a los juzgados capitalinos para su audiencia inicial por el supuesto delito de lavado de activos.

La audiencia estaba programada para las 9:00 a.m., y el acusado llegó al recinto judicial escoltado por agentes de seguridad, minutos antes de la hora fijada.

Revelan el rostro de Gustavo Flores, administrador de Koriun Inversiones capturado

El administrador de la empresa Koriún Inversiones en Choluteca es el cuarto señalado en el proceso que investiga posibles irregularidades financieras vinculadas a Koriun inversiones

Gustavo Flores Carbajal, fue enviado a detención judicial el pasado 15 de junio tras comparecer en audiencia de declaración de imputado ante el Juzgado de Letras con competencia en Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción.

Flores Carbajal es acusado del delito de lavado de activos, luego de que las autoridades determinaran que no logró justificar el origen lícito de más de 52 millones de lempiras manejados en sus cuentas personales.

Se espera que el juez defina en esta audiencia si el caso avanza a la siguiente etapa procesal o si se dictan medidas cautelares adicionales.

Según las investigaciones, habría dispuesto de manera irregular de 52,482,170.32 lempiras, dinero que presuntamente corresponde a aportes realizados por múltiples personas.

Con esta acusación, Flores Carbajal se convierte en el cuarto imputado en el caso contra Koriun Inversiones. Ya enfrentan cargos el gerente general Iván Velásquez, su esposa Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, y un empleado identificado como Marco Abel Villeda Galdámez.

Detención judicial para administrador de Koriun Choluteca

Koriun Inversiones funcionó durante al menos siete años sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), extendiendo operaciones en Choloma, Choluteca, y en departamentos como Copán, Santa Bárbara, Olancho y El Paraíso.

De acuerdo con el Ministerio Público, la empresa constituye una estafa de gran escala, ya que operaba fuera del marco legal y sin ningún respaldo contable que garantizara la devolución del dinero a los inversionistas.

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Redacción La Prensa
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