Tegucigalpa, Honduras.
“El Juzgado Penal en Materia de Corrupción continuará la audiencia inicial del caso Narcopolítica hasta que la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción resuelva la recusación presentada por la Fiscalía”, informó Lucía Villars, vocera del Poder Judicial.
La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) interpondrá una segunda recusación ante la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción contra la jueza Agueda Canelo, que conoce el caso Narcopolítica.
La primera recusación planteada por los fiscales fue declarada inadmisible por el Juzgado en Materia de Corrupción debido a que fue mal planteada.
La presentación de esos escritos ha impedido el desarrollo de la audiencia inicial, que inicialmente estaba prevista para el sábado 25 de mayo.
| 7 personas se encuentran prófugas de la justicia en este proceso penal, y el narcotraficante Devis Leonel Rivera está en EUA, donde responde por tráfico de drogas.
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De acuerdo con los fiscales, la recusación fue interpuesta contra la jueza “por tener denuncia en Inspectoría relacionada con el caso y por estar incluida en investigación ordenada por filtración de información reservada”.
El Poder Judicial indicó que “registros oficiales de Supervisión Nacional revelan con certeza que no existe, hasta este momento, ninguna denuncia en contra de juez de Letras en Materia de Corrupción que conoce último requerimiento fiscal presentado por la Ufecic”.
Una vez que se restablezca la audiencia inicial, las partes procesales evacuarán los medios de pruebas que plantearon.
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Los acusados en este caso son el exministro de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y exalcalde capitalino Miguel Pastor; el exdirector de Carreteras, Walter Maldonado, y los señores José Valladares, Daysi Zúñiga y Claudia Matute, quienes están bajo la medida de detención judicial.
Supuestamente, los acusados formaban parte de un esquema que permitió el lavado de dinero del tráfico de drogas internacional a través de obras contratadas con el Estado hondureño, que en su mayoría no se realizaron.
Las investigaciones indican que el cachiro apoyó económicamente al expresidente Porfirio Lobo y que una vez que este asumió el poder le otorgó una serie de contratos fraccionados a la empresa Inversiones Rivera Maradiaga (Inrimar) por 68.3 millones de lempiras.
