Tegucigalpa, Honduras.
Aparte de congelar los bienes de las personas involucradas, la Ley Magnitsky los afecta en cuatro ámbitos distintos: personal, familiar, profesional y de reputación, según los análisis elaborados por los expertos.
“En el primer ámbito –el personal–, después de recibir la noticia les congelan los bienes y propiedades que tuvieran en Estados Unidos”, dice un análisis hecho por expertos.
“El dinero de estas personas todavía está en sus cuentas en cualquier banco, pero no pueden usarlo, ni sacar dinero a través del sistema financiero ligado a Estados Unidos. Los bancos y organizaciones internacionales estadounidenses no pueden actuar normalmente con estos fondos. Tampoco nadie puede hacer negocios con los individuos sancionados”, añade. Explica que el siguiente paso llega cuando “los bancos les comunican que renuncian a seguir haciendo negocios con ellos y de qué manera cerrarán operaciones, del mismo modo en que se procede “cuando a un cliente se le pone en la ‘lista negra’ por estar vinculado al narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo”.
Otro efecto en el ámbito personal es que las tarjetas de débito y crédito “quedan canceladas de inmediato, igual que cualquier recompensa por programas de lealtad; el acceso al sitio web del banco, las chequeras, la posibilidad de hacer transacciones internacionales, porque el banco puede perder sus corresponsalías en Estados Unidos”.
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Familias. En el campo de las afectaciones familiares, la Ley Magnitsky afecta de manera distinta, dependiendo del caso. El Departamento del Tesoro no publica los nombres, pero aunque no lo haga, los cónyuges de los involucrados normalmente tienen los mismos problemas, no pueden usar tarjetas de crédito. “Los estadounidenses no pueden firmar contratos con una persona que está sancionada y también tienen que ser muy cuidadosos cuando firmen contratos con otras personas que están en la misma empresa o institución”.
La reputación personal es afectada por “la vergüenza que implica estar en una lista mundial de corruptos o violadores de derechos humanos”. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la semana anterior una nueva lista de 11 exfuncionarios y funcionarios hondureños implicados en actos de corrupción.
Entre ellos están el expresidente Rafael Leonardo Callejas, el expresidente del Poder Judicial Jorge Rivera Avilés, la vicepresidenta del Congreso Nacional Gladys Aurora López.Asimismo, figura la exdiputada Lena Gutiérrez, Fredy Nájera, Óscar Kilgore, Sandra Deras, Celino Aguilera, Francisco Quiroz, Liliam Maldonado y Julio César Barahona.
Meses atrás, Estados Unidos había señalado a Teodoro Bonilla, Marcelo Chimirri, Boris Espinal, Nelson Abdalá, Darío Mejía, Mario Zelaya, Javier Pastor, Carlos Montes, Yani Rosenthal y Yankel Rosenthal.
