El departamento de Estado de Estados Unidos suspendió la visa a los secretarios de Estado; Gabriela Núnez [Finanzas], Mirna Castro [Arte, Cultura y Deportes], Rosario Bonano [Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Soptravi], Luis Ortez, [Instituto Nacional de la Juventud ] y el jefe del staff presidencial porque Gobierno del presidente interino, Roberto Micheletti no cumple con el acuerdo Tegucigalpa-San José.
Los funcionarios fueron notificados hoy oficialmente por el consulado estadounidense en la capital hondureña en Tegucigalpa, según trascendió en los medios de comunicación.
'Estados Unidos ha alentado a la participación honesta y de buena fe durante del proceso San José que condujo al diálogo Guaymuras que resultó en la firma de Acuerdo de Tegucigalpa-San José sin embargo el departamento de Estado lamenta que el Gobierno de facto no quiera involucrarse en el proceso de reconciliación y así tomar medidas concretas para que Honduras pueda regresar a la comunidad internacional', expresa textualmente la notificación que el consulado estadounidense envío a los funcionarios.
Ortez dijo que le extrañó la notificación de suspensión porque 'creía' que con la firma del Acuerdo da por fin a la crisis política. 'Lamento la posición de Estados Unidos (...) No me arrepiento de lo que hice al apoyar al presidente Micheletti en estos siete meses de Gobierno Constitucional', finalizó.
Por su parte la Secretaria de Arte, Cultura y Deportes reaccionó que si le cancelaban la visa por cumplir con la Constitución se sentía 'orgullosa y honrada'. 'Es inaudito que después de haber tenido elecciones internas y a unos días de la toma de posesión tengamos que tener este tipo de presión por parte de la comunidad internacional y por nuestro supuesto aliado de siempre Estados Unidos', dijo.
El año 2009 le fueron revocadas las visas además a el secretario de Industria y Comercio, Benjamín Bográn; el secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia Nacional, Fonac, Leonardo Villeda; la diputada liberal, Marcia Villeda; al canciller, Carlos López Contreras; a 14 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Congreso Nacional, José Alfredo Saavedra y a varios empresarios de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
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