San Pedro Sula, Honduras
“No hemos recibido en ningún momento financiamiento de Injupemp”, aseveró Marco Antonio Ávila, gerente general de la empresa Solvisa.
El empresario respondió ante las acusaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) sobre irregularidades en el proyecto residencial Ciudad Tecnológica Rosa Elena de Lobo.
“La información irresponsablemente divulgada por el abogado Dagoberto Aspra en representación del Consejo Nacional Anticorrupción es totalmente falsa. Nuestro proyecto fue financiado con fondos propios y fondos de la banca nacional”, afirmó Ávila.
En un informe del Consejo Nacional Anticorrupción se manifiesta que el proyecto habitacional desarrollado en el sur de Tegucigalpa presentaba deficiencias. Ante esas afirmaciones, el gerente general de Solvisa presentó documentación a este rotativo para desmentir las afirmaciones del CNA.
“El abogado Dagoberto Aspra (jefe de investigación del CNA) declaró que nuestro proyecto habitacional se encuentra en total abandono, lo cual es mentira. Lejos de estar abandonado, se halla en la etapa de culminar la construcción de 100 viviendas más, con todos los servicios básicos, donde viven más de 60 familias en condiciones dignas”.
Ávila comentó que dicho proyecto es el resultado de una iniciativa privada cuyo fin es disminuir el déficit habitacional del país. El empresario aseguró que en una ocasión, su socio Belford Jarquín se reunió en las oficinas de Solvisa con Aspra para que se conociera el proyecto y se despejaran dudas. “Se manifestaron conformes y entendidos del carácter privado del proyecto”.
Daños causados
En el mismo informe se dice que se erogaron más de 100 millones de lempiras. Sin embargo, el empresario asegura que eso tampoco es cierto.
“Injupemp nos pide 200 casas por un valor de 500 mil lempiras. Da un total de 100 millones de lempiras. Eso no lo iban a aportar a nuestra empresa, sino a sus afiliados, pero jamás nos han entregado esa cantidad. Lo que nos ha dado hasta este momento son 8,800,000 lempiras por 23 viviendas que hemos construido y donde ya viven las personas en la propiedad. Nuestro cuerpo de abogados ha intentado reunirse con Aspra para que desista de la provocación y el daño o en su defecto para que muestre el cheque o cualquier otro instrumento que pruebe que Solvisa recibió cien millones de lempiras de financiamiento”.
El empresario añadió que la institución aún le adeuda a la empresa Solvisa tres millones y medio de lempiras.
“Además hemos dado de 7 a 10 viviendas y ya entregamos nuestras escrituras a Injupemp. Estamos enviando una carta para que legalmente se nos haga la cancelación a los casos pendientes que tienen con nuestra empresa”.
No son tierras en litigio
Otro dato que sorprendió al gerente de Solvisa es que se informó que los predios donde está ubicado el proyecto habitacional están en litigio.
Para reforzar su versión entregó una copia del acta de comparecencia levantada por la Gerencia de Justicia Municipal de la alcaldía de Tegucigalpa, en la que hacen constar que por un error involuntario se les citó.
El documento está en papel membretado y tiene el sello de Justicia Municipal.
El acta indica: “Al momento de la cita por un error involuntario del personal se citó a esta empresa (Solvisa), y la empresa a citar era la empresa constructora Nabla, quien desarrolla otro proyecto habitacional, ya que el terreno donde se está desarrollando dicho proyecto tiene problemas en cuanto a su dominio según denuncia presentada”.
“Nuestra empresa no está involucrada en ningún acto de corrupción”.
Ávila informó que el proyecto posee agua potable, “es el único del cono sur que tiene agua directamente del Sanaa porque nuestra empresa Solvisa hizo un convenio ayudando a 10 comunidades de las más pobres con una proyección de más de 80 mil personas, quienes están agradecidas con Solvisa y dispuestas a declarar contra estas mentiras que se han dicho de nuestro proyecto”.
El empresario anunció que la empresa Solvisa va a requerir por la vía civil al Consejo Nacional Anticorrupción por el daño que se le ha hecho a la buena imagen.
“Decir que los materiales son de mala calidad es una forma malintencionada porque actualmente viven aproximadamente 70 familias y nunca hemos tenido un reclamo. Ellas serían las personas que deberían reclamar y decir que lo que hacemos es de mala calidad. Nos han mencionado sin hacer las investigaciones previas. Esto deja un mal sabor a los empresarios hondureños que creemos en Honduras y que estamos apoyando su desarrollo”.
