La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió ayer que la llamada democratización de los medios que pretende hacer el Congreso Nacional de Honduras “fue la justificación que utilizaron países como Nicaragua, Argentina, Ecuador y Venezuela para imponer un férreo control sobre los medios independientes”.
El organismo regional es del criterio que mediante esa reforma se ataca a los medios que han sufrido discriminación por criticar al Gobierno.
La SIP emitió ayer un pronunciamiento en el que exige al Congreso Nacional que la reforma a la Ley de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones cumpla “de manera irrestricta” con las garantías de protección a la libertad de expresión.
A continuación el comunicado de la SIP:
La Sociedad Interamericana de Prensa llama respetuosamente la atención al Congreso de Honduras para que la reforma a la Ley Marco del Sector de Comunicaciones contemple “criterios eminentemente técnicos, de razonabilidad y según parámetros internacionales” que rigen las regulaciones de servicios de telecomunicaciones.
En su reciente reunión de Puebla, México, la SIP lamentó el carácter político y “disciplinario” del proyecto de reforma a la Ley Marco del Sector de Comunicaciones, elaborado por el Poder Ejecutivo.
El presidente Porfirio Lobo dijo que enviará la iniciativa legal al Congreso esta semana.
Jaime Mantilla, presidente de la SIP y director del diario Hoy de Ecuador, lamentó que se utilice la excusa de la “democratización de los medios” para imponer “nuevas reglas de juego que pueden terminar en el disciplinamiento y el silencio de las críticas de los medios independientes y privados”.
Mantilla agregó que la “verdadera democratización” es cuando se crea un ambiente para aumentar la competencia y propiedad de los medios de comunicación privados e independientes, “al contrario de lo que puede estar pasando en Honduras”. El proceso de elaboración del proyecto de ley del Ejecutivo se dio en el marco de continuas críticas del presidente Lobo a los medios, a los que acusó de conspirar, servir a intereses económicos y perjudicar la moral de los ciudadanos.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, recordó que la “democratización de los medios” fue la justificación que utilizaron muchos gobiernos en esta última década –Argentina, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, entre otros países- para imponer un férreo control sobre los medios independientes y permitir el nacimiento de monopolios estatales de medios informativos que desnaturalizaron la democracia.
Entre otras cosas, la nueva legislación crearía una “Comisión Reguladora de Contenidos” que influirá directamente en los criterios editoriales de los medios. Prohibiría a los accionistas de una empresa de telecomunicaciones participar en otras empresas mercantiles; mientras que distribuiría un 33% de frecuencias al sector público, 33% al sector privado y otro 33% a radios “comunitarias”.
Establecería regulaciones de competitividad mediante un órgano regulador que no prevé garantías de transparencia para asegurar una distribución adecuada de frecuencias y una supervisión ajena a la influencia política.
El proyecto también determinaría sanciones absolutamente excesivas para las infracciones a la ley o sus reglamentos, incluyendo normas que permiten la confiscación de bienes inmuebles, equipos, redes y demás bienes de las empresas del sector de telecomunicaciones.
Instauraría condicionamientos previos sobre “veracidad”, “oportunidad” e “imparcialidad”, lo cual en los hechos pondría en práctica la censura previa. También dispondría normas que violentan tratados en materia de garantía de inversiones, comercio internacional y libre comercio.
La SIP aprobó en su asamblea de Puebla que enviará pronto una misión a Honduras para observar el proceso de esta reforma, así como discutir con el Congreso otros problemas que afectan a la libertad de expresión, en especial la violencia contra los periodistas y los crímenes aún impunes.
A continuación, el texto de la resolución oficial de la SIP sobre Honduras que fue enviada al Congreso Nacional:
CONSIDERANDO que el Gobierno promueve actualmente una reforma a la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones que violenta disposiciones constitucionales y principios universalmente aceptados en materia de libertad de expresión y derechos humanos, como los expresados en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la censura previa y la restricción de la libre expresión por vías o medios indirectos como el abuso de controles oficiales de frecuencias radioeléctricas.
CONSIDERANDO que la normativa propuesta está totalmente alejada de los estándares internacionales en materia de telecomunicaciones, al establecer sanciones arbitrarias, cuotas de mercado que no se fundamentan en criterios de razonabilidad y un ente regulador que carece de independencia y que goza de una amplia discreción para la adjudicación y revocación de licencias, así como para la imposición de sanciones, habilitando un control editorial indirecto.
CONSIDERANDO que dicho proyecto de ley contiene además disposiciones discriminatorias para las personas que sean accionistas de medios de comunicación al limitar su participación societaria en empresas de otros sectores.
CONSIDERANDO que dichas reformas se promueven en medio de fuertes cuestionamientos de parte de funcionarios del Gobierno hacia los medios de comunicación independientes a quienes culpan por los altos niveles de inseguridad que vive el país.
CONSIDERANDO que debido a la difícil situación que vive Honduras se le ha solicitado a la SIP enviar una misión internacional a ese país.
CONSIDERANDO
que el contenido del proyecto de ley vulnera claramente los principios 1, 2, 5, 7 y 9 de la Declaración de Chapultepec.
La reunión de medio año de la SIP resuelve:
Exigir al Poder Legislativo que al momento de someterse a su consideración el proyecto de ley, este cumpla de manera irrestricta con los principios universales reconocidos en materia de libertad de expresión, en especial aquellos contenidos en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y que se base en criterios eminentemente técnicos, de razonabilidad y según los parámetros internacionales que rigen en materia de regulación de servicios de telecomunicaciones.
Solicitar a las instituciones correspondientes que en las instancias competentes velen porque sean preservados los principios fundamentales que el proyecto de ley compromete, en particular aquellos vinculados con la libertad de expresión y otras garantías fundamentales.
Expresar su preocupación por las consecuencias negativas que la normativa aprobada tendrá para la libertad, la diversidad y la sustentabilidad de los medios vigentes en el país, particularmente por la carencia de una autoridad reguladora técnica, independiente y protegida de influencias políticas o de cualquier otro tipo.
Alertar a la comunidad empresarial de América y del mundo sobre las restricciones societarias que discriminan a los que posean participaciones en medios de comunicación y otras disposiciones que contravienen tratados bilaterales y multilaterales de garantía a las inversiones y libre comercio demandar al Gobierno el cese inmediato de la descalificación y la estigmatización contra los medios de comunicación, periodistas y demás personas o grupos que ejercen su derecho a la libre expresión y emisión del pensamiento; extender una misión internacional de la SIP a Honduras, a continuación de su visita a México, para analizar temas que afectan a la libertad de prensa en ese país.
Ministra evade preguntas sobre polémica ley
La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos convocó a una rueda de prensa para exponer el tema de libertad de expresión, pero limitó la participación de periodistas con preguntas.
La ministra Ana Pineda es criticada por muchos por avalar un proyecto atentatorio a la libertad de expresión.
Por más de una hora, Ana Pineda, ministra de Justicia y Derechos Humanos; el comisionado de Conatel, Mauricio Aguilar, y demás miembros que integran la comisión de reforma a la Ley de Telecomunicaciones trataron de justificar lo que para muchos es una “ley mordaza” por vulnerar el derechos de libertad de expresión, emisión del pensamiento y la libre empresa.
La ministra Pineda dijo que su rol es de facilitador de la iniciativa, sin negar que la apoya. Dijo que se consensua con el relator de la ONU, Frank La Rue, quien ya analiza el proyecto, visite el país o envíe recomendaciones a Lobo Sosa, previo a remitir el anteproyecto al Congreso Nacional. Pineda admite que la reforma causa un perjuicio.
“Lo que hay en el fondo es una propuesta que evidentemente causa menoscabo en los intereses económicos de algunas personas, ya no se va poder explotar una concesión por 25 años y de manera indefinida en el tiempo, sino que se explotará por 15 años y tendrá que solicitar con antelación si quieren de nuevo seguirla explotando”, dijo.
“Evidentemente eso a cualquier persona le causa un perjuicio”, afirmó.
Al terminar la rueda de prensa, Pineda evadió a los periodistas y se encerró en su oficina para que nadie la abordara.
